El Gobierno nacional presentó en la madrugada de este viernes un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con el objetivo de llegar a la Corte Suprema y suspender la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, horas antes de que se venciera el plazo para que Economía desembolse los fondos adeudados.

El Recurso Extraordinario Federal fue presentado por el titular de la Procuración del Tesoro, Sebastián Amerio, ante la Sala III de la Cámara Federal, con el objetivo de impedir la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 sancionada por el Congreso de la Nación.

La presentación cuestionó el fallo de la Cámara que ordenó cumplir con la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con ambos incisos y que manifiesta la inaplicabilidad del artículo 1 del decreto 759/2025.

El cuerpo de abogados del Estado Nacional elevó el recurso con efecto suspensivo para no tener que abonar los fondos, cuyo plazo se venció este viernes a las 9.30. Sin respuesta de la Justicia y habiéndose cumplido el período estipulado por la Justicia, el Gobierno optó por insistir por la vía judicial para no acatar el fallo y evitar desembolsar las transferencias.

GANAR TIEMPO

Con la presentación, buscan ganar tiempo para llegar al Máximo Tribunal. En el marco del recurso presentado esta jornada, el Poder Ejecutivo le solicitó a los tres miembros de la Corte Suprema que se excusen en el caso y llamen a otros tres conjueces, según consignó el portal Infobae, dado que todos ellos son docentes universitarios.

En ámbitos judiciales, el planteo fue considerado "débil". La maniobra fue interpretada como una estrategia dilatoria similar a la utilizada durante el kirchnerismo para intentar apartar magistrados en causas sensibles.

En la administración nacional argumentan que la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario obligaría desembolsar unos $2,5 billones, lo que rompería el superávit. Sin embargo, no supondría un problema ya que, en caso de no quedar otro camino, aplicarían la motosierra en otras áreas, tal como aseguró el presidente Milei en diversas oportunidades.

De todas maneras, cuestionan que la normativa, aprobada y defendida en dos oportunidades por el Congreso de la Nación tras el intento de veto de parte de Nación, no prevé una fuente de financiamiento para cumplir con los desembolsos, por lo que no cumple con las leyes 24.629, 24.156 y de presupuesto 27.798, que requieren de la aprobación de partidas específicas.