Los sospechosos de integrar ese grupo son Alberto Torres, Pablo Daniel Montero, Carlos Abel Alonso, Horacio Iñiguez, Joel Axel Benítez, Héctor González, Paola Alejandra Muñoz, Silvina Mabel Vera, Natalia Alicia Sánchez, Bruno Leonel Muñoz, Damián Alejandro Tejada, y Juan Zárate, quienes fueron imputados por usurpación, abriéndose un legajo de investigación en su contra.

A ellos se suman Fidel Muñoz, Gustavo Bernardi, José Maldonado, Guillermo Vaugham, Marta Bizama, Daniel Castillo, Karen Neira, Gumersindo Rodríguez, Luis Miguel Rodríguez, Daniel Aguayo, Carlos Ojeda y Fernando Mayo. Son en total 24 personas de Rawson y Trelew.

La decisión de imputarlos fue tomada por el juez Fabio Monti, quien el martes tuvo la audiencia de apertura de investigación de la causa y decidió posponer su resolución hasta ayer.

En su resolución el magistrado consideró que el Ministerio Público Fiscal cumplió con los requisitos para la formalización de la apertura de la investigación, e indicó que se dieron las principales características de la conducta de los ocupantes ilegales del terreno: la "violencia" y la "clandestinidad".

De esa forma, rechazó el planteo de la defensa, ejercida por el abogado Omar López quien había cuestionado está descripción realizada por la Fiscalía. También había afirmado que existía una "afectación al derecho de la defensa", lo cual también fue desestimado.

Ahora estos elementos deberán ser probados durante el plazo que dure la investigación, donde no se descarta que haya nuevos imputados.

UNA USURPACION FRENTE AL MAR

El terreno usurpado se encuentra identificado en el Registro de la Propiedad del Inmueble como lote 4, sección B- III, Rawson. Inscripto al Tomo 351, folio 154, finca 404 e individualizado catastralmente como Parcela 5, lote 2 A, de Playa Barranca Blanca, Magagna.

Según la denuncia, allí cerca del mar, en los últimos meses se levantaron unas 50 precarias viviendas en terrenos lindantes con la desembocadura del río Chubut.

El hecho produjo la intervención de la Justicia y el municipio, que junto a la Cooperativa Eléctrica, que prohibió que se les instalen los servicios a quienes no tuvieran autorización de obra. Además tras una orden judicial se derribaron varios alambrados.

A la vez se identificaron a los imputados quienes ahora serán investigados por la Fiscalía y también por la querella, patrocinada por el abogado Jorge Rubiolo en representación del Gonzalo Torrejón, apoderado legal de la familia Galina, propietarios de los terrenos.