Una inmobiliaria rural promocionó la venta de un campo de 2.943 hectáreas en Río Pico, Chubut, con lago privado, laguna y 16 kilómetros de costa sobre el río, durante el período de incertidumbre legal que se abrió tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Tierras. El caso –publicado por El Destape- fue detectado por el Observatorio de Tierras en una investigación preliminar que advierte sobre posibles operaciones inmobiliarias en zonas alcanzadas por restricciones específicas.

Según el informe del periodista Alan Longy, la oferta fue difundida por Loma Alta Propiedades a través de su sitio web y redes sociales mientras estuvo vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la normativa que limita la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, el organismo aclaró que no cuenta con información que permita establecer si la venta se concretó.

“Al derogar la Ley de Tierras, la obligación de registrar también se suspende. Armaron un negocio perfecto porque no tenían la obligación de declarar la venta”, sostuvo Matías Oberlin, integrante del Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La investigación reconstruyó una secuencia que comenzó el 26 de septiembre, cuando se creó el perfil de Instagram de la inmobiliaria, y continuó durante los días posteriores al fallo judicial, hasta el 9 de octubre, cuando la Corte dio marcha atrás con la medida. En ese lapso, el Observatorio identificó una ventana de incertidumbre jurídica que, según advirtió, podría haber sido aprovechada para avanzar en operaciones vinculadas con inmuebles rurales sometidos a limitaciones legales.

RECURSOS HIDRICOS Y POTENCIAL TURISTICO

La publicación comercial describía el inmueble como un “exclusivo campo de 2.943 hectáreas con lago privado, 16 km de costa sobre el Río Pico y extraordinario potencial productivo, forestal y turístico”.

Entre sus características, la firma destacaba un lago privado de aproximadamente 16 hectáreas y 15 metros de profundidad, reconocido por la calidad de su pesca deportiva de truchas desde el año 2000. También mencionaba arroyos permanentes, una cascada natural, abundante fauna silvestre y una cantera de áridos para uso interno o desarrollo productivo.

La oferta fue difundida en castellano y en inglés. El 3 de octubre, la cuenta publicó nuevos mensajes dirigidos a posibles compradores internacionales, con frases como “Volvió el interés extranjero por el campo argentino” y “Un proceso regulado”. La estrategia presentaba la tierra rural como un activo de inversión que “no se deprecia”.

Para el Observatorio, la ubicación del campo, sus características y la presencia de recursos hídricos obligan a examinar la operación a la luz de las restricciones previstas en la Ley de Tierras, especialmente las vinculadas con la titularidad extranjera de inmuebles rurales y las zonas de frontera.

“Es zona de frontera y contiene un lago entero. La ley lo prohíbe”, afirmó Oberlin, al fundamentar los cuestionamientos sobre la comercialización de la propiedad.

DUDAS SOBRE LA INMOBILIARIA

Otro de los puntos señalados en el informe es la falta de información clara sobre la identidad jurídica de Loma Alta Propiedades. De acuerdo con el relevamiento, la firma no aparece inscripta con esa denominación, aunque sus publicaciones remiten a operaciones inmobiliarias identificables en otras plataformas.

El Observatorio planteó interrogantes sobre quiénes están detrás de la marca y cuál es la estructura societaria desde la que se comercializan los campos. También indicó que las consultas sobre cuestiones legales se derivaban a abogados y escribanos que, según la descripción del informe, confirmaban las condiciones vigentes, incluso para propiedades situadas en zonas de frontera.

Oberlin cuestionó la situación de la firma y señaló que no tendría CUIT ni una constitución formal bajo esa denominación. Según su descripción, detrás de la actividad habría un martillero que creó una inmobiliaria rural con aproximadamente un año de antigüedad, de acuerdo con el Boletín Oficial de Chubut.

A partir de estos elementos, el Observatorio puso en duda la transparencia de la operatoria y advirtió sobre las dificultades para conocer si durante el período analizado se realizaron transacciones o cambios de titularidad.

Frente a este escenario, el organismo reclamó que la protección establecida por la Ley de Tierras quede firme tras la caída del artículo 154 del DNU 70/2023. También pidió que los gobiernos provinciales accedan rápidamente a información sobre las operaciones, gestiones y eventuales modificaciones de titularidad que pudieron haberse producido durante esos días.

El informe advierte que la reversión de una medida judicial puede volver a generar incertidumbre sobre la posibilidad de concretar ventas y que, una vez realizadas, las operaciones pueden resultar difíciles de revertir.

“La Corte habilitó una suspensión provisoria, por lo que un fallo de primera instancia puede habilitar las ventas nuevamente y después es muy difícil dar marcha atrás. El caso de Joe Lewis es un ejemplo. Sigue en la Justicia”, concluyó Oberlin.

Por el momento, la investigación del Observatorio constituye un relevamiento preliminar: no confirma que el campo haya sido vendido, pero plantea interrogantes sobre la promoción de una propiedad ubicada en una zona de frontera durante un período de cambios judiciales y normativos.