El Gobierno nacional buscará este martes destrabar uno de los proyectos que considera estratégicos para la cuestión Malvinas, pero el escenario en la Cámara de Diputados aparece todavía incierto.

A las 16 está previsto un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, donde La Libertad Avanza intentará conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen sobre la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso el 17 de septiembre y comenzó a ser analizada formalmente a fines de ese mes.

El problema para el oficialismo es que el proyecto va mucho más allá de la cuestión estrictamente vinculada con Malvinas. Además de endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las islas y espacios marítimos en disputa, incorpora modificaciones en materia de defensa, seguridad, inteligencia e infraestructuras críticas. Esos capítulos concentran buena parte de los cuestionamientos de la oposición dialoguista.

Acuerdo sobre Malvinas, diferencias sobre el resto

Uno de los puntos con mayor consenso es la ampliación de las sanciones actualmente previstas para la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El texto propone reemplazar la Ley 26.659 y extender las prohibiciones a cualquier explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables, incluyendo actividades pesqueras y mineras. También prevé sanciones económicas, inhabilitaciones para operar en la Argentina y un registro público de infractores.

El Gobierno presentó la iniciativa como una herramienta para fortalecer la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Sin embargo, la controversia aparece en otros capítulos incluidos dentro del mismo proyecto.

Sectores del PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas cuestionan que una ley presentada bajo el eje Malvinas incorpore al mismo tiempo cambios profundos sobre la organización de la seguridad nacional y el rol de las Fuerzas Armadas. Algunos legisladores incluso plantearon la posibilidad de separar esos temas y tratarlos mediante iniciativas diferentes.

El Consejo de Seguridad Nacional, uno de los puntos sensibles

La iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado permanentemente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.

Ese organismo tendría facultades para coordinar respuestas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia frente a amenazas consideradas graves.

Además, el proyecto contempla herramientas de emergencia que podrían incluir restricciones financieras, bloqueo de activos, suspensión de autorizaciones y limitaciones sobre importaciones y exportaciones.

Desde sectores opositores se reclama incorporar representación parlamentaria dentro del Consejo y establecer controles más precisos sobre algunas de esas atribuciones. Hasta el momento, el Ejecutivo no aceptó todos esos cambios.

El polémico artículo sobre “desinformación”

Otro de los artículos que generó resistencia fue el que proponía castigar determinadas acciones de interferencia extranjera sobre procesos electorales y campañas coordinadas de desinformación.

La redacción original recibió críticas por la amplitud de algunos conceptos y el riesgo de interpretaciones demasiado extensas.

Durante las negociaciones, el oficialismo aceptó revisar ese capítulo. Fuentes legislativas señalaron que la intención es reemplazar la formulación original por figuras penales más específicas y acotadas.

Ese cambio permitió acercar posiciones, pero todavía no garantiza que el Gobierno consiga las firmas necesarias para emitir dictamen este martes.

También cambia el rol de las Fuerzas Armadas

La propuesta redefine además algunos aspectos vinculados con la Defensa Nacional y contempla la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas, incluso cuando provengan de actores no estatales.

Otro capítulo habilita medidas extremas frente a aeronaves o embarcaciones consideradas hostiles, siempre como último recurso y después de agotar los protocolos establecidos.

Estos puntos también generaron reparos por la posible superposición entre las funciones tradicionales de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad.

Una agenda legislativa cada vez más ajustada

Incluso si el oficialismo consigue dictamen, todavía deberá encontrar una fecha para llevar la iniciativa al recinto.

El calendario legislativo de noviembre aparece cargado por la discusión del Presupuesto 2027, una de las prioridades del Gobierno, además de otras iniciativas económicas.

A esto se suma la visita del Papa y los feriados previstos durante noviembre, que reducen las fechas disponibles para convocar sesiones.

Por ahora, el proyecto continúa en comisión. El oficialismo intentará este martes dar un paso decisivo, pero la posibilidad de una nueva postergación sigue abierta si no consigue cerrar un acuerdo con los bloques que necesita para reunir las firmas.

La discusión expone una paradoja: mientras existe un respaldo amplio a reforzar la protección de los recursos argentinos vinculados con Malvinas, el intento de incorporar en una misma ley reformas mucho más amplias en seguridad, inteligencia y defensa es justamente lo que está dificultando su avance en el Congreso.