El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó este miércoles a Francisco Adorni, diputado provincial de La Libertad Avanza, exfuncionario del Ministerio de Defensa y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por Daniel Rafecas, quien delegó el expediente en la fiscalía.

Según la presentación judicial, existirían inconsistencias entre el patrimonio declarado por Francisco Adorni y sus ingresos. El dirigente llegó al Gobierno nacional como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF). Más tarde obtuvo una banca en la Cámara de Diputados bonaerense.

En su declaración jurada de 2024, informó la titularidad del 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38,7 millones, la mitad de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 y bienes por un total de $43,7 millones, sin registrar deudas. Un año después declaró un patrimonio neto de $80,5 millones.

De acuerdo con la denuncia, ese incremento patrimonial estaría vinculado a la compra de una camioneta Jeep Renegade y a la cancelación, en apenas doce meses, de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones otorgado por el Banco Provincia. Pagano sostuvo que los ingresos del funcionario no alcanzarían para afrontar el pago total del préstamo en ese período.

En un dictamen de 19 páginas, Marijuán aclaró que la pesquisa estará enfocada únicamente en Francisco Adorni. En ese sentido, señaló que las referencias incluidas en la denuncia sobre Manuel Adorni no formarán parte de este expediente porque el jefe de Gabinete ya está siendo investigado en otra causa judicial.

Como primeras medidas, la fiscalía solicitó información a más de 30 organismos públicos y privados y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense. También requirió informes a ARCA, AGIP, ARBA, Migraciones, Banco Central, Banco Provincia, la Unidad de Información Financiera, la Inspección General de Justicia y los registros de la propiedad inmueble.

Entre los pedidos figuran reportes sobre declaraciones juradas, movimientos bancarios, operaciones cambiarias, propiedades, vehículos, sociedades comerciales, viajes al exterior y detalles vinculados al crédito hipotecario cuestionado en la denuncia.

Con información de Infobae