La fiscal Rita Barrionuevo (foto) pidió en Sarmiento la apertura de una investigación penal preparatoria de juicio contra María Belén Riveros (36), acusada de ser cómplice necesaria en un delito de defraudación mediante manipulación informática. El caso bajo investigación se originó en 2021 cuando, según el denunciante, autores desconocidos duplicaron el chip de su teléfono celular y realizaron maniobras fraudulentas. El dinero de las transferencias bancarias terminó en la cuenta bancaria de la acusada.

Los hechos que se investigarán ocurrieron el 26 de julio de 2021. En esa fecha, una persona no identificada obtuvo un chip duplicado (tarjeta SIM) del teléfono celular de la víctima. Los investigadores sostienen que, desde otro teléfono celular, los autores ingresaron a la aplicación de una entidad bancaria y realizaron tres transferencias bancarias a un hermano de la víctima.

Posteriormente, ingresaron al WhatsApp de la víctima, se contactaron con su hermano y le enviaron los números de una Clave Bancaria Uniforme (CBU), solicitándole que transfiriera 90.000 pesos a esa cuenta. La Fiscalía confirmó que la cuenta bancaria a la que fue transferido el dinero pertenece a María Belén Riveros.

En consecuencia, la fiscal Barrionuevo consideró que Riveros colaboró con el autor del fraude proporcionando su cuenta para recibir el dinero. Respecto a la calificación legal provisional elegida, Barrionuevo propuso que se investigue a la mujer como cómplice necesaria del delito de defraudación mediante manipulación informática. Finalmente, solicitó un plazo de seis meses para concluir la investigación.

DEFENSA POR ZOOM

Por su parte, Riveros (quien participó en la audiencia por conexión telemática desde el Juzgado de Paz de Pocitos en San Juan) ejerció su derecho a declarar en esta etapa del proceso. Explicó que había recibido una llamada telefónica ofreciéndole un servicio de internet y que los promotores del servicio le solicitaron su número de CBU para enviarle una bonificación económica de 2000 pesos como agradecimiento por atender la llamada.

Agregó que al día siguiente le informaron que había ocurrido un error en la transferencia y que probablemente tendría más dinero en su cuenta del Banco Nación. Después de corroborar que tenía más dinero en su cuenta, los supuestos promotores le enviaron un número de CBU para devolver el dinero sobrante. Concluyó diciendo que en diciembre de 2021 fue víctima del robo de su teléfono celular y no le quedó registro de sus actividades bancarias.

El defensor público Marcelo Catalano se opuso a la apertura del caso judicial. En su análisis, consideró que su defendida no participó en ninguna actividad relacionada con la primera etapa del hecho delictivo y sostuvo que en realidad estaba incursa en un error por ignorancia.

Después de escuchar las posturas de las partes, el juez Alejandro Rosales resolvió formalizar la investigación penal preparatoria contra Riveros en relación con los hechos narrados por la fiscalía. También aceptó la calificación legal provisional elegida y el plazo para la investigación requerido por el Ministerio Público Fiscal.