En la sesión que concluyó este viernes, el Consejo de la Magistratura decidió elevar a la Legislatura el pedido de juicio político para el fiscal general de Esquel, Oscar Oro (derecha).

Así surgió luego de conocerse el Informe Final del Sumario N°134/18 CM–“Dra. Carina Estefanía s/ Denuncia Fiscal General de El Hoyo, Fiscal General Oscar Oro”, en el que se resolvió por mayoría remitir las actuaciones al tribunal de enjuiciamiento.

Oro será juzgado por incumplimiento de sus deberes en relación a 52 legajos, uno de juicio por presunta usurpación que los jueces le fallaron en contra en marzo de 2019, y otros 51 conexos.

En esa ocasión –según informó El Cohete a la Luna- también fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación y la Procuración General de la Nación la fiscal ad hoc Rafaella Ricoono y al juez federal de Primera Instancia de Esquel, Guido Otranto, funcionarios públicos en la misma jurisdicción que son pareja y con una hija en común.

Otranto adquirió triste protagonismo al disponer el desalojo que derivó la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, así como en el posterior encubrimiento de las fuerzas federales que intervinieron.

Aunque la jueza Carina Estefanía descartó que el juicio en que intervino fuera un caso de “criminalización de la protesta social”, detalló numerosas irregularidades, inconsistencias y errores de forma y de fondo al punto que dedicó parte de su argumentación a “la verdad en el proceso penal”, la prescripción en el código procesal provincial, las responsabilidades de la Fiscalía para la producción de la prueba y los supuestos teóricos y doctrinarios para las figuras de la usurpación y del abigeato, dos de los cargos contra los mapuche que cayeron en aquel juicio.

La prueba analizada mostró la red de expedientes y cargos orquestada contra los integrantes de la Pu Lof en Resistencia en cuatro años, en articulación muy desordenada entre la justicia federal y la provincial, con intervención de los organismos de seguridad.

En este sentido, es revelador constatar que el fiscal Oro estuvo de acuerdo en permitir la extradición a Chile de Facundo Jones Huala en 2018 cuando el lonko era su botín político para el este juicio que ya tenía fecha. La premura en la circulación de la información sobre este fallo puede haber sido el motivo por el que se da como absuelto a Facundo, quien no pudo afrontar este juicio justamente por decisión de la Corte Suprema de Justicia de extraditarlo.