Le revocaron el arresto domiciliario a Jones Huala
Después de que la Corte Suprema de Justicia avalara su extradición a Chile, el juez Gustavo Villanueva le revocó el arresto que cumplía en la casa de su abuela en Esquel y fue llevado nuevamente a la Unidad Penitenciaria 14. Sin embargo, su traslado al vecino país podría verse demorado por una causa que tiene pendiente en la Argentina.

El juez federal subrogante en Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó ayer el inmediato traslado de Facundo Jones Huala a la Unidad Penitenciaria N° 14 de Esquel, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara el jueves la extradición del líder mapuche a Chile.

Efectivos de la Policía Federal Argentina ingresaron en el domicilio de Trinidad Huala, la abuela del lonco mapuche, donde este cumplía arresto domiciliario en el centro de la ciudad de Esquel y trasladado a la unidad penitenciaria donde había permanecido recluido, con prisión preventiva, en el último año.

El juez Villanueva dejó sin efecto la prisión domiciliaria y dispuso su traslado a un lugar con medidas de seguridad para que evitar fugas. El operativo se efectuó con un cordón de seguridad por parte de la Policía de Chubut previendo incidentes por parte de los seguidores del lonko.

Jones Huala deberá permanecer en prisión hasta tanto la Cancillería-previa consulta con el presidente Mauricio Macri- se expida sobre su solicitud de ser juzgado en la Argentina. Según fuentes oficiales, el Presidente no haría lugar a ese pedido.

De acuerdo la legislación que rige el proceso de extradición, la Cancillería cuenta con 10 días hábiles para emitir su dictamen y comunicárselo a la Embajada de Chile en la Argentina.

En tanto, el país trasandino tiene un plazo de 40 días para buscar al líder mapuche, que 60 días después de su arribo en el país vecino será juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia de armas de fuego de fabricación artesanal.

UNA CAUSA PENDIENTE

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara por unanimidad para que Facundo Jones Huala sea extraditado a Chile para ser juzgado por incendio y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal, su abogada, Sonia Ivanoff, dijo: “nos tomó por sorpresa la rapidez con la que se resolvió el caso, con relación al primer juicio que se había demorado once meses”.

Ivanoff cuestionó que el fallo de la Corte se conoció primero por los medios de comunicación y que ella tuvo la novedad en el sistema 45 minutos después, aunque recalcó que así se han venido dando las cosas, en una causa con ciertos condimentos. “Son irregularidades que hacen a la defensa en juicio”, manifestó.

No obstante, reconoció: “es una desprolijidad bastante recurrente del Poder Judicial, informar antes a la prensa que a las partes”. Ivanoff, en diálogo con Jornada, señaló que la Corte es la última instancia de apelación. En el juicio de extradición se llega a una etapa administrativa en la que Cancillería debe informar a Chile que fue confirmada la sentencia que concede el pedido que se hizo.

Como antes se señaló, ahora es Chile el que deberá enviar una comisión a buscar a Jones Huala. Antes el presidente debe resolver si hace lugar a la petición del lonko de ser sometido a juicio en los tribunales argentinos por los delitos que lo requiere Chile. Al mismo tiempo Sonia Ivanoff manifestó: “es un escenario político muy complejo, en el que se ha construido un Derecho Penal de autor y enemigo del pueblo mapuche, y más en la figura de Jones Huala como un líder político de reivindicación de derechos”.

La abogada comodorense recordó que está pendiente un juicio por usurpación, que tiene como querellante a la Compañía de Tierras del Sud Argentino (Grupo Benetton). Este proceso podría demorar la extradición porque “si tiene procesos en el país, no puede ser enviado automáticamente a Chile”.

En tanto, el 3 de septiembre habrá una audiencia en los Tribunales de Esquel por esta causa.

Advirtió Ivanoff que además de la defensa de Jones Huala, “se litiga contra un sistema más allá del Poder Judicial, en donde hay una incidencia política, y en este caso se lleva adelante una política judicial contra el pueblo mapuche”.

Puntualizó que no hay un Plan B del Poder Ejecutivo para planificar las reivindicaciones históricas sobre los territorios que tradicionalmente ocuparon los pueblos mapuche. Hay una ley de relevamiento territorial “aplastada” porque no se la cumple aunque suspende los desalojos hasta 2021.