Los docentes universitarios volverán a paralizar sus actividades esta semana. Los gremios que integran la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocaron a un paro nacional de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto atraviesa desde hace meses a los distintos poderes del Estado. El Congreso sancionó la norma y volvió a ratificarla luego del veto presidencial, mientras que la Corte Suprema también sostuvo que debe cumplirse. Sin embargo, desde las universidades aseguran que las transferencias previstas todavía no fueron efectivizadas.

Una reunión prevista para este lunes en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) buscaba avanzar hacia una medida conjunta de todos los sectores que integran la comunidad universitaria.

Felipe Vega Terra, director del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señaló que los fondos continúan sin aparecer pese a los fallos judiciales y a la vigencia de la ley. Desde el sector docente sostienen que ya transcurrieron más de 300 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento.

En ese contexto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi, planteó la necesidad de coordinar acciones entre los sindicatos docentes y no docentes con el objetivo de avanzar hacia una nueva marcha nacional universitaria.

El reclamo también está atravesado por el deterioro salarial. Los incrementos otorgados durante los últimos meses quedaron por debajo de la inflación y fueron implementados sin paritarias. De acuerdo con las estimaciones de las entidades gremiales, los trabajadores universitarios perdieron cerca de un tercio de su poder adquisitivo desde el inicio del gobierno de Javier Milei y necesitarían una mejora superior al 50% para recuperar el nivel de compra de diciembre de 2023.

La situación afecta con mayor intensidad a los cargos de menor dedicación, cuyos ingresos quedaron muy por debajo de los costos de vida actuales. Incluso quienes tienen dedicación exclusiva, y perciben los salarios más elevados dentro del sistema universitario, enfrentan dificultades para acompañar el incremento sostenido del costo de vida.

A la pérdida salarial se suma la salida de docentes e investigadores. Según datos del CIN, desde la asunción de Milei más de 10.000 docentes e investigadores renunciaron a sus cargos en universidades nacionales. En la Facultad de Ciencias Exactas se registraron 438 renuncias, mientras que en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) fueron más de 1.000.

Para los representantes universitarios, la pérdida de profesionales altamente calificados repercute tanto en la calidad educativa como en la producción científica y tecnológica de las universidades nacionales.

El reclamo se vincula con la falta de transferencias presupuestarias contempladas en la ley ratificada en octubre de 2025. La situación impacta sobre los gastos de funcionamiento cotidiano de las instituciones públicas, los salarios del personal académico y las partidas destinadas a becas estudiantiles.

La nueva medida de fuerza se produce luego de los cinco días de paro realizados por trabajadores de la Conadu Histórica entre el 18 y el 22 de agosto. Los universitarios mantienen así el reclamo para que el Gobierno cumpla con las disposiciones establecidas por los poderes Legislativo y Judicial y aplique los aumentos previstos por la Ley N.º 27.795.

La convocatoria también coincide con una nueva instancia judicial sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Días atrás, una audiencia convocada por el juez federal Martín Cormick volvió a concentrar la discusión en torno al cumplimiento de la norma, mientras los gremios sostienen que el Gobierno demora su implementación.