Nuevo protocolo que permitiría a genocidas acceder a la prisión domiciliaria

Represores condenados por delitos de lesa humanidad como Alfredo Astiz; Jorge Eduardo Acosta y Christian von Wernich podrían acceder al beneficio.

POLÍTICA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la semana pasada, por medio de la acordada 21/2026, el nuevo protocolo que busca unificar los criterios para el otorgamiento de las prisiones domiciliarias que podría beneficiar a los represores de la última dictadura cívico militar condenados por delitos de lesa humanidad. Así quedó plasmado a partir de la publicación este lunes en el Boletín Oficial de la Resolución 2867/2026 que puso en vigencia la polémica decisión.

De esta manera represores condenados como Alfredo Astiz, Jorge Eduardo (Tigre) Acosta o Christian von Wernich, que hoy cumplen sus condenas en prisiones del Servicio Penitenciario Federal (SPF) podrían acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

El nuevo “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados” aprobado por la Corte Suprema generó un fuerte debate al interior del máximo tribunal y contó con las firmas de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz mientras que Ricardo Lorenzetti devolvió al proyecto sin firmar.

El protocolo, elaborado por el CMF, se presenta como un instrumento metodológico que se pone a disposición de los jueces y las juezas que deben responder pedidos de prisión domiciliaria por cuestiones de salud. “El protocolo no establece causales de procedencia ni de denegación de la detención domiciliaria. La decisión corresponde al órgano jurisdiccional, el informe técnico-pericial aporta el fundamento en salud de la misma”, dice el texto que aprobaron Rosatti y Rosenkrantz.

En el caso de los represores, suelen darse dos supuestos: son personas mayores de 70 años y suelen presentar problemas de salud. La domiciliaria corresponde, según la ley, si una persona está enferma y no puede recibir el tratamiento adecuado en su lugar de encierro, si atraviesa el período terminal de una enfermedad o en caso de discapacidad.

El protocolo le da importancia a lo que dice el SPF a la hora de establecer la factibilidad de atención en contexto de detención. De hecho, el texto señala que “la sola existencia nominal de un recurso no acredita su accesibilidad”. Tiempo atrás se había dado una discusión acerca de si la Unidad 34 de Campo de Mayo tenía efectivamente una ambulancia disponible las 24 horas por si era necesario un traslado.

Según el protocolo, será el Cuerpo Médico Forense (CMF) el que deberá informar sobre el estado de las unidades penitenciarias en una declaración institucional y ya no se tendrán en cuenta los relevamientos que hacen distintos mecanismos de control, como la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) o la comisión de cárceles.

También se estableció que esta información debe ser mirada a la luz de los hábeas corpus colectivos que se plantearon sobre distintas unidades. A finales de 2024, las organizaciones negacionistas y defensoras de los represores condenados como “memoria completa” plantearon sin éxito un hábeas corpus en favor de los detenidos de lesa humanidad en distintas unidades penitenciarias.

El protocolo se presenta como un instrumento metodológico que se pone a disposición de los jueces y las juezas que deben responder pedidos de prisión domiciliaria por cuestiones de salud. “El protocolo no establece causales de procedencia ni de denegación de la detención domiciliaria. La decisión corresponde al órgano jurisdiccional, el informe técnico-pericial aporta el fundamento en salud de la misma”, advierte el texto que aprobaron Rosatti y Rosenkrantz.

En el caso de los represores, suelen darse dos supuestos: son personas mayores de 70 años y suelen presentar problemas de salud. La domiciliaria corresponde, según la ley, si una persona está enferma y no puede recibir el tratamiento adecuado en su lugar de encierro, si atraviesa el período terminal de una enfermedad o en caso de discapacidad.

El protocolo le da importancia a lo que dice el Servicio Penitenciario Federal a la hora de establecer la factibilidad de atención en contexto de detención. De hecho, el texto señala que “la sola existencia nominal de un recurso no acredita su accesibilidad”. Tiempo atrás se había dado una discusión acerca de si la Unidad 34 de Campo de Mayo tenía efectivamente una ambulancia disponible las 24 horas por si era necesario un traslado.

Tras la acordada de la Corte, la Red Nacional de H.I.J.O.S. advirtió que la medida era parte de una estrategia pro-impunidad y que constituía un nuevo ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “Bajo la apariencia de un protocolo médico, la acordada establece nuevos criterios para evaluar las condiciones de salud y detención de las personas privadas de la libertad, generando una herramienta que facilita el acceso a la prisión domiciliaria de quienes ejecutaron el plan sistemático de exterminio durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar”, señaló la organización en un comunicado.

De acuerdo con la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) en la actualidad hay 1254 condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado. De ellos, 436 están en arresto domiciliario. Solo 73 están en unidades penitenciarias y 58 se encuentran alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una cárcel VIP por los organismos de derechos humanos.