El Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena, aseguró ayer que pese a que el espíritu pudo “haber sido bueno porque todos queremos que se recupere el dinero de la corrupción”, el Decreto de Necesidad y Urgencia de extinción de dominio que emitió el presidente Mauricio Macri “tiene algunos reparos importantes”.

En diálogo con la prensa valletana, Miquelarena consideró que la recuperación de esos dineros y bienes “debe hacerse respetando los derechos y garantías. Sin haberlo analizado en profundidad, entiendo que el DNU vulnera algunas cuestiones básicas del debido proceso”.

El jefe de los fiscales señaló que “el primer punto es que esto no debería hacerse por decreto, sino por ley. Segundo que, a mi entender, está avanzando en cuestiones penales y la Constitución Nacional expresamente prohibe Decretos de Necesidad y Urgencia sobre temas penales. Todo esto hace que entienda que lo firmado por el Presidente puede recibir muchos reparos y reproches de inconstitucionalidad”.

Otro de los puntos objetados por Miquelarena es que el decreto impulsa una aplicación retroactiva, es decir que prevé recuperar bienes de hechos producidos antes de la emisión del mismo.

“Este punto también es central porque está claro que no se pueden hacer leyes y mucho menos decretos retroactivos. En definitiva, hay muchas cosas a considerar y por eso creo que es apropiado que el tema vuelva a ser discutido y definido por el Congreso”, puntualizó.