En tiempos donde la palabra “solidaridad” se utiliza tan frecuentemente y hasta justifica acciones de gobierno de manera casi permanente, anteanoche el sistema de salud de Chubut estaba al borde del colapso más cruel en medio de la galopante avanzada pandemia mundial del coronavirus.

Según El Extremo Sur, Mariano Arcioni se venía negando, en una demora injustificable, a decretar la emergencia que lo obligaba a poner al sector en la máxima prioridad provincial. Ese mismo coronavirus que lo ayudó para que se desarticulen los paros, protestas y movilizaciones por los reclamos salariales, ahora lo obliga a un DNU que pone los fondos del Estado prioritariamente al servicio de la sociedad y el sistema de Salud pública.

Los médicos, personal hospitalario y directores de nosocomios reclamaban el famoso DNU que hasta ayer no había aparecido y se producía una enorme contradicción con medidas de prevención extremas y la Salud pública sin partidas especiales y los empleados sin cobrar sus salarios.

RENUNCIAS Y COLAPSO

La presentación de las renuncias de los directivos de todos los hospitales más importantes de la provincia puso al borde del estallido el panorama sanitario provincial. La primera respuesta la dio el ministro del área Fabián Puratich quien salió a desmentir las renuncias, pero pocos minutos después apareció el DNU que decretaba la emergencia por 180 días.

Los integrantes del sistema sanitario venían reclamando estas medidas desde hacía semanas y la exigencia tuvo que transformarse en una cuasi extorsión a través de las renuncias para que el gobierno de Arcioni reaccionara con un decreto imprescindible para atender y prepararse para la contingencia generada por el coronavirus. Inclusive se rumoreó que el propio ministro Puratich iba a presentar su dimisión sino aparecía el decreto.

Es que la enorme crisis económica y financiera de Chubut pone a Arcioni a la defensiva y potencia el manejo discrecional de los escuetos fondos que dispone el Estado provincial; tanto es así que los empleados públicos del tercer y cuarto terminaron de cobrar sus salarios de enero la semana pasada y anunció que “casi seguramente” cobrarán el primer rango de febrero este viernes.

Pocos minutos después de la aparición mediática de la noticia, el gobernador envió a la Legislatura el DNU 232 que estableció la emergencia durante los próximos 180 días.

La presión social y mediática obligó al gobernador a tomar la lapicera y firmar lo que era imposible de justificar que no lo hubiese hecho hasta el martes. Mientras se anunciaban medidas de controles de rutas y restricciones para el consumo masivo, casi declarando una especie de estado de sitio pandémico, incomprensiblemente Arcioni no había declarado la emergencia que habilitaba las medidas para instrumentar acciones especiales por la contingencia de coronavirus.

En definitiva, el DNU habilitará para pagar juntos los sueldos del área en el primer rango y habrá fondos especiales para la adquisición de medicamentos, insumos y servicios hospitalarios. También se podrán cubrir cargos para afrontar la contingencia y distribuir los fondos necesarios frente al panorama generado por el coronavirus.

De todos modos, el DNU que apareció a regañadientes incluye algunas medidas tramposas que buscan frenar reclamos salariales y acciones de protesta por parte de los trabajadores de la Salud.

Esas maniobras que contiene el articulado del DNU 232 están contenidas por el artículo segundo donde se expresa: “suspéndase durante el tiempo que dure la emergencia las paritarias salariales del personal del Ministerio de Salud”.

Asimismo, en los considerandos del mismo la gestión arcionista agregó que “resulta necesario establecer, durante el tiempo que dure la emergencia, que configura falta grave cualquier acto u omisión que, de manera directa o indirecta, afecte el funcionamiento de los servicios asistenciales esenciales que el Ministerio de Salud determine, con los efectos disciplinarios según sea la situación de revista del agente”.

Ese párrafo es el encorseta y bloquea hasta con sanciones cualquier tipo de reclamos o acciones que puedan efectuar los trabajadores del sector en medio de una provincia que se desmorona por una crisis generada por la clase política gobernante que endeudó irresponsablemente a Chubut durante casi diez años.