El pasado 29 de enero ingresó a un hospital una niña de once años embarazada de 21 semanas. Se la conoce como Lucía para proteger su identidad. Contó que su abuelastro la había violado y expresó: "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo". La ley la amparaba, pero el Gobierno tucumano tardó cuatro semanas en ordenar la interrupción de su embarazo y solo actuó cuando recibió un oficio judicial.

Tal como publica hoy Página 12, internada, Lucía lloraba en posición fetal, pedía que su mamá, que la estaba acompañando, la abrazara.

Hoy Lucía ya no llora. Pudo interrumpir ese embarazo finalmente en un hospital tucumano, a partir del acompañamiento de organizaciones de mujeres y de derechos humanos como Cladem y Andhes y Mujeres x Mujeres, que reclamaron por sus derechos.

“Su historia permitió visibilizar la impunidad de una objeción de conciencia desgobernada para gobernar los cuerpos gestantes, incluso con la máxima crueldad”, dijo a Página 12 la abogada feminista Soledad Deza, de Mujeres X Mujeres.

Con el paso de los meses, Lucía pudo visitarla en su despacho. Le contó cómo estaba transitando sus últimos meses del ciclo primario, sus expectativas para el secundario, y un inminente viaje de egresados con sus compañeros, que nunca supieron que ella era Lucía, gracias a la preservación y cuidado de las autoridades escolares. Otra vez la red.

“La vi distinta. Nunca mencionamos nada de lo pasado… solo me dijo en un momento "ahora ya estoy curada"”, relató.

El 14 de febrero el violador de la niña, Eliseo Víctor Amaya, de 66 años, fue condenado en un juicio abreviado a 18 años de prisión por la Sala V de la Cámara Penal de Tucumán.

Lucía solo pidió la foto de su agresor esposado yendo a la cárcel. Solo así podría descansar en paz, le dijo a su mamá.

En esa sentencia, el tribunal ordenó además, que el Ejecutivo provincial le brinde una beca a Lucía para que pueda terminar sus estudios y a la vez se le garantice “lo necesario para la asistencia socioeconómica y sanitaria” de la niña y de su grupo familiar. No se quedó solo en la reparación individual. Le impuso al gobierno tucumano que lleve adelante un relevamiento de datos estadísticos sobre violencia sexual a niñas, niños y adolescentes y campañas de educación y concientización, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y de salud sexual y reproductiva. Además, dispuso que se pongan en práctica protocolos de prevención y de recepción de denuncias en toda la provincia.

“Mientras el sistema público de salud siga permitiendo que los médicos objetores de conciencia manipulen a las víctimas que tienen derecho a las ILE, la provincia estará en falta”, dijo Emilio Guanini, de Andhes.