El funcionario fiscal Cristian Olazábal pidió tres meses de prisión preventiva, pero la jueza Mónica García la denegó. No conforme con la decisión, el acusador público pidió la revisión, pero los magistrados Daniela Arcuri y Miguel Caviglia también rechazaron el pedido.

Felipe Daniel Cerroría (20) cuenta con antecedentes y desde octubre del año pasado cumple una suspensión de juicio a prueba por el lapso de un año. Ese acuerdo judicial implica que el joven no cometa nuevo delitos durante el periodo que dure esa salida alternativa a una condena efectiva. Sin embargo, el domingo volvió a ser detenido como sospechoso de un asalto armado.

Según el relato del funcionario fiscal Cristian Olazábal durante la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, Cerroría interceptó a un joven de 15 años que estaba en la parada de colectivos de las calles Huergo y Chazarreta del barrio Máximo Abásolo, en Comodoro Rivadavia.

Eran las 9:50 cuando el sospechoso intimidó con un revólver a la víctima y lo despojó de su teléfono celular LG. Un testigo alertó a la policía que entró en persecución y observó cuando el individuo se despojaba del arma de fuego calibre 32 marca Tanque. Fue reducido pero le aplicó un certero golpe en el parietal derecho al cabo Héctor Mario Llanfulen, quien se mareó, pero no lo soltó.

En esa acción intervinieron vecinos y familiares del individuo para evitar la detención, pero no lo lograron.

Olazábal pidió que se declarara legal la detención y que sea imputado por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en concurso real con resistencia a la autoridad.

DOS NEGATIVAS

Por la gravedad del delito y los peligros procesales de entorpecimiento y fuga, el representante fiscal requirió la prisión preventiva de Cerroría por tres meses. El acusado reside sólo a cinco cuadras de la casa de la familia de la víctima. Por otro lado, la pena en expectativa tiene una mínima de tres años y cuatro meses de prisión efectiva, y una máxima de 15 años.

La jueza penal Mónica García declaró legal la detención y formalizó la investigación por el delito propuesto por la Fiscalía, pero no autorizó la prisión preventiva. En su lugar le dictó la prohibición de acercamiento hacia la víctima como lo solicitó el defensor público Ricardo Amado Coelho.

Con la intención de revocar la decisión de la jueza, Olazábal pidió la revisión de la audiencia en la que fueron convocados los magistrados Daniela Arcuri y Miguel Angel Caviglia. El funcionario fiscal además pidió el secuestro de las prendas de vestir del joven, debido a que el testigo lo reconocería.

Arcuri y Caviglia coincidieron en rechazar el pedido fiscal y mantuvieron la decisión de la jueza natural de la causa. Por lo tanto, Cerroría regresó a su casa.