El hecho contra la integridad sexual de una menor de edad tuvo lugar en septiembre de 2018, dentro de una institución escolar, en un curso de Taller Mecánico. El imputado es el profesor W. M., quien según la fiscal María Laura Blanco y la funcionaria Macarena Murúa, debe ir a juicio.

Según la acusación, la menor víctima se encontraba trabajando con una morsa cuando el imputado “procede a tocamientos”, calificando jurídicamente el hecho como “abuso sexual simple, agravado por ser cometido por el encargado de la educación”.

Alegaron que existen diversos elementos para acreditar con probabilidad el hecho, como la entrevista a la víctima por parte de la psicóloga forense.

En contraposición, la defensora particular, Alicia Dramesino, cuestionó la “falta de precisión de la Fiscalía” respecto del momento del hecho, apuntando que ese día el docente “estuvo en clase solo media hora” y que “no hay mérito suficiente para sostener la acusación y menos para elevar la causa a juicio”.

Agregó la defensora que “hubo un grupo de chicas que pudieron influenciar a la víctima porque no lo conocía”, por lo que solicitó su “sobreseimiento”, ya que “no hay elementos de convicción más que el relato de la víctima”.

Pero el juez penal Alejandro Soñis no hizo lugar al pedido y resolvió elevar la causa a juicio oral ya que el Ministerio Público Fiscal. “El verdadero control de la prueba es la instancia de juicio”, añadió el magistrado, entendiendo que sobreseer al imputado en esta instancia es prematuro.