El gobierno de Javier Milei avanzó con un cambio de fondo en la política sanitaria al liberar el mercado de vapeadores y productos de nicotina, reemplazando el esquema de prohibición por un sistema de control y registro obligatorio.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud y crea un nuevo marco regulatorio para cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado, líquidos para vaporización y bolsas de nicotina.
Desde el Ejecutivo argumentaron que la prohibición vigente “no logró impedir el acceso ni el consumo”, en un contexto donde estos productos muestran una fuerte penetración, especialmente entre adolescentes. Según datos oficiales, el 35,5% de los jóvenes consumió vapeadores en el último año, lo que encendió alertas sanitarias.
El nuevo esquema incorpora el Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina, que obligará a fabricantes e importadores a inscribir cada producto, presentar información técnica, toxicológica y de composición, y someterse a controles periódicos.
Además, la normativa impone restricciones: los productos deberán incluir advertencias sanitarias, no podrán utilizar diseños atractivos para menores ni publicitarse con celebridades. También se limitan los sabores autorizados —principalmente a tabaco y mentol— y se prohíben los dispositivos descartables, señalados como puerta de entrada al consumo juvenil.
Sin embargo, la decisión abre un debate de fondo. Mientras el Gobierno sostiene que busca regular un mercado que ya existe y mejorar el control estatal, especialistas advierten que la flexibilización podría normalizar el consumo y facilitar el acceso, especialmente en jóvenes.
Así, la administración libertaria vuelve a apostar por la desregulación como eje, incluso en un área sensible como la salud pública, donde el equilibrio entre control y acceso sigue siendo motivo de controversia.