Cuestionan a la jueza Marta Yáñez por inacción judicial
El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas del hundimiento del submarino, señaló que la causa está "cajoneada" y que no le permiten tomar vista de las imágenes del naufragio. En tanto, otra de las querellas denunció la aparente presentación de escritos con firmas falsificadas.

A 15 meses del naufragio del submarino ARA San Juan y a tres desde el hallazgo de la malograda embarcación militar, la querella que lleva adelante el abogado Luis Tagliapietra afirma que la causa se encuentra virtualmente paralizada y que las más de 67.000 imágenes obtenidas por el buque Seabed Constructor aún no han podido ser vistas por inacción de la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez.

Desde hace meses el abogado, quien a su vez es padre de uno de los tripulantes fallecidos en el siniestro, viene objetando a la magistrada a quien acusa de no estar a la altura de la causa. Este criterio no es en principio compartido por las otras querellas que sumadas representan a la mayoría de las familias de los marinos tripulantes del ARA San Juan.

LAS IMAGENES DE LA DISCORDIA

El 4 de diciembre arribaron al país en valija diplomática los tres discos duros que contienen las más de 67.000 fotografías y videos que en distintos tipos de formato, recogieron los AUV y el ROB operados por la firma Ocean Infinity. Fueron recibidos en el aeropuerto internacional de Ezeiza por un secretario de la jueza Yáñez, acompañado por una comitiva especial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

«Los sobres venían a nombre de la jueza y fueron abiertos ante expertos informáticos de la PFA, el jefe de los veedores de la Armada Capitán de Navío Alonso y un notario. Procesalmente no era necesario que hubiera alguien más». La frase corresponde a uno de los funcionarios presentes en el acto de apertura y obedece a la queja de Tagliapietra por no haber sido invitado a presenciar esta instancia.

Los tres discos rígidos totalizan en principio unos 20 terabytes de información. «Algunas imágenes son de simple visualización, pero otras -como por ejemplo las que corresponden a ecos de sonar- deben ser decodificadas y visualizadas con hardware y software especiales con los que el Poder Judicial no cuenta», señalan desde Caleta Olivia.

Vale acotar que los presupuestos solicitados por la jueza oscilan entre los 25000 y 50000 dólares. Un dinero que debería ser provisto por el Consejo de la Magistratura.

El otro tema es la foto composición en 3D que se debe realizar para tener una apreciación cinemática de cómo evolucionó el submarino desde la superficie hasta su llegada al lecho marino. Esta recreación será fundamental para intentar descubrir a qué profundidad implosionó y otros detalles de gran valor pericial. Un trabajo que no corresponde a marinos o peritos navales sino a especialistas en el tratamiento de imágenes, sostiene una de las querellas.

Si bien en el juzgado se ha tenido acceso a la visualización de parte del material, para el resto ya se ha cerrado trato con el Servicio de Hidrografía Naval del Ministerio de Defensa que cuenta no solo con tecnología adecuada sino además con personal idóneo. Este es otro punto que ha cuestionado Tagliapietra con el argumento de ser un organismo dependiente de un área de gobierno bajo investigación.

Este criterio no es compartido ni por sus colegas ni por la justicia ya que aseguran que «no hay instituciones investigadas, por ahora se está analizando la posible comisión de un ilícito, pero de ser así la investigación será sobre personas no sobre instituciones como tales».

Para la última semana de febrero la jueza Yáñez y las querellas podrán ver toda la información disponible en las instalaciones del SHN (Servicio de Hidrografía Naval) que se encuentra al mando del comodoro de Marina Valentín Sanz Rodríguez, un oficial naval con experiencia en oceanografía.

Junto con los discos rígidos, Ocean Infinity remitió documentación explicativa del contenido de cada unidad con indicación de formato, magnitud de cada archivo y demás información de interés. La propia magistrada señaló: «En al menos uno de estos discos encontramos una discrepancia entre la cantidad de información expresada en el documento respectivo y lo que los informáticos actuantes aprecian al intentar abrir las imágenes».

En este sentido desde la Armada aseguran que se trabaja en coordinación con la empresa para subsanar esta incongruencia. Incluso afirman que Ocean Infinity ha ofrecido colaboración para la confección del mosaico de imágenes.

Tal como lo demuestra el oficio judicial al que tuvo acceso Infobae, Yáñez libró con fecha 10 de diciembre de 2018 un oficio con varios requerimientos para el esclarecimiento de este hecho. En el mismo, además, dio precisas instrucciones de contactar al Servicio de Hidrografía Naval para la correcta lectura y visualización de archivos.

Contrariando a Tagliapietra, Yáñez señaló que hasta el momento se han tomado decenas de declaraciones testimoniales, se ha secuestrado documentación con y sin clasificación de seguridad, se efectuaron diversos allanamientos y tanto la propia magistrada, como el fiscal de la causa y demás funcionarios judiciales, se han imbuido del funcionamiento y operación de este tipo de naves. «El juzgado cerró sus puertas solamente 20 días», sostuvo en referencia a las veladas críticas de que se tomó vacaciones aun teniendo entre manos una delicada investigación.

Los peritos navales consultados, en tanto, señalaron que «como es habitual, el mes de enero marcó no solo el inicio de la feria judicial, también impuso una pausa en las investigaciones que lleva adelante la comisión bicameral dado el receso parlamentario y hasta nosotros como profesionales y auxiliares de la justicia imprescindibles en todo trámite judicial, interrumpimos nuestra labor al ritmo de la justicia».