Se llevó a cabo ayer la tercera jornada de juicio oral y público contra el exdelegado del IPV, Abel Reyna, quien está acusado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; cohecho activo 4 hechos; e incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.

El tribunal de juicio está presidido por la juez penal, Mónica García, mientras que el Ministerio Público Fiscal lo representa la fiscal general, Camila Banfi. El acusado, en tanto, está asistido por el abogado particular Guillermo Iglesias.

En la jornada de ayer se avanzó con la toma de declaración de los empleados del Instituto que fueron ofrecidos por la parte acusadora y al igual que en la jornada anterior, hicieron referencia a la actividad paralela que se llevaba a cabo desde la llegada de Reyna a la institución, a fines de 2011, como funcionario del gobierno de Martín Buzzi, de quien había sido subsecretario de Cultura en el municipio de Comodoro entre 2007 y ese año.

El IPV “paralelo” incluía el cobro de coimas para acceder a una vivienda y no se contemplaba la falta de antigüedad de los postulantes que finalmente accedían a viviendas.

El debate continuará hoy desde las 8 y se espera culminar con la incorporación de la prueba testimonial y documental para dejar lugar a los alegatos, que serían mañana.

EL CASO

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del IPV, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 Viviendas del barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían.

Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 Viviendas del barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI.

Acosta, Antimilla y Medina conformaban el sector Adjudicación, desde donde adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del mencionado plan de viviendas, agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron; ni requiriendo en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas y el 15 de agosto de 2014 Reyna y Acosta contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirieron el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la misma, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero a su jefe y sumó los ahorros que tenía, logrando reunir el monto requerido por Acosta y entregándoselo en la sede del IPV de Rivadavia y Asturias.

Luego del pago, Acosta lo incorporó al referido plan de viviendas, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes.

En este juicio declararon el lunes el exgobernador Martín Buzzi y el expresidente del IPV, Ricardo Trovant, quien fue el que realizó la denuncia en su momento, aunque en la audiencia del martes un testigo dijo que el alto funcionario conocía la situación desde mucho antes de septiembre de 2014 porque él en persona se la había contado. Pero según el testigo, Trovant le respondió entonces: “vos, boludito, mejor que no te metas”.