El pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad tomó estado parlamentario en la sesión de este jueves en la Legislatura de Chubut. Puntualmente, le indilgan "abuso de poder" e "incumplimientos de los deberes de funcionario público" y lo catalogan de "infame".

A Massoni se le imputa “falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, inobservancia del orden constitucional, abuso de autoridad, comisión de delitos en el desempeño de sus funciones".

También, “por impartir órdenes Ilegales a la Policía de la Provincia y la violación de Derechos y Garantías de la población en general, arbitrar detenciones sin orden de autoridad judicial competente, por atribuirse facultades extraordinarias que exceden su función, como lo es arrogarse funciones legislativas y emitir normas con alcance para toda la población chubutense, usurpando funciones propias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo”.

Todo lo que se le atribuye a Massoni ocurrió en la primera etapa de la cuarentena motivada por el Coronavirus, entre el 20 de marzo y el 30 de abril, cuando la jueza Mirta Moreno dio curso a tres habeas corpus presentados en contra de los supuestos abusos de derechos humanos en Chubut.

LA CUARENTENA MAS OSCURA

Bordier y Castro argumentaron que "adelantamos que lo que regulaba el Ministro de Seguridad en un nuevo exceso de facultades, es competencia exclusiva del Poder Judicial de la Provincia”.

Ambos abogados adujeron que "frente al silencio del Sr. Gobernador en las arbitrariedades cometidas por el Sr. Ministro Massoni, la Constitución Nacional y nuestra Constitución Provincial nos otorgan el remedio del Juicio Político en manos de los Sres. Diputados para eliminar de una vez y para siempre a aquellos funcionarios públicos que no respeten la ley y sean amparados por sus designantes del Ejecutivo Provincial".

La imputación contra Massoni se basa en "haber violado los deberes a su cargo, haber cometido delitos en el desempeño de sus funciones, violando el orden constitucional y los derechos y garantías de las personas, no solo de los habitantes de la Provincia, sino de otros habitantes de la Nación e incluso de los extranjeros".

Con esas argumentaciones, sostuvieron que "los actos desarrollados y desplegados por el Ministro de Seguridad Massoni, en franca violación al orden Constitucional Nacional y Provincial no pueden quedar impunes y exentos de sanción por esa Legislatura Provincial. Si así fuera, los diputados que los consientan son cómplices y les espera la misma pena que a su autor”.

El mensaje final para los diputados de parte de los abogados Bordier y Castro resalta: "no teman al juzgar al Ministro Massoni con la sabiduría y el rigor constitucional por la violación al orden legal", y concluyen diciendo que "devuélvannos el imperio de la constitución castigando a este ministro infame, con el más severo rigor que exige nuestra constitución para quienes atentan y van contra el orden que ella impone”.