Caleta Olivia (agencia)
Los contralmirantes Guillermo Lezana y Eduardo Bacchi deberán presentarse en el Juzgado Federal de Caleta Olivia a partir de las 8.30 del miércoles 31 de enero mientras que el capitán Enrique Balbi deberá asistir el jueves 1 de febrero, pero no necesariamente tendrán que estar acompañados por abogados patrocinantes ya que el pedido de comparecencia no reviste del grado de indagatoria sino de testimonial.
Lezana es un oficial retirado que hasta el 27 de diciembre de 2016 ocupó la jefatura de la Inspección General de la Armada, cuando fue reemplazado por Bacchi que sigue siendo el actual titular de esa área.
La jueza Marta Yáñez, quien por este delicado caso levantó el 7 de enero la feria judicial de verano, aún tiene caratulada la causa como “averiguación de ilícito” y en principio se está ocupando de las cuestiones macro, es decir del panorama global que surge de una abultada cantidad de informes de diferentes áreas que a principios de diciembre solicitó y le aportó la Armada a través del director del Departamento de Asuntos Jurídicos, contralmirante Rubén Difalco.
En ese contexto, junto a un reducido equipo de trabajo que entre otros integra su secretario Miguel Biscardi, entrecruzó datos y “observó” una serie de inspecciones que se le hicieron al submarino en el curso de los últimos años, las cuales fueron en principio aprobadas por Lezana y luego avaladas por su sucesor, Bacchi.
La magistrada se abstuvo de brindar mayores precisiones sobre ese punto, pero dio a entender que a pesar de que en esos registros se alude a reparaciones y tareas de mantenimiento, no está claro si todas las intervenciones se ejecutaran convenientemente, teniendo también en cuenta que durante 2017 el submarino continuó realizando varias misiones.
En lo que respecta a Balbi, es probable que le solicite testimonio de cuál o cuáles fueron sus superiores que redactaron los informes que el vocero naval difundiera diariamente a través de canales de televisión y otros medios periodísticos luego de que el 15 de noviembre último se perdiera todo contacto con el submarino cuando navegaba a la altura del golfo San Jorge, tras haber zarpado desde Ushuaia rumbo a Mar del Plata.
Al ser consultada por El Patagónico, Yáñez aseguró que no recibió presiones de ninguna índole por estar a cargo de esta compleja causa y dejó en claro que la misma nunca se detuvo pero que tampoco se iba a “precipitar” en tomar decisiones para evitar cualquier tipo de equivocación.
Hay que recordar que por ahora ya se acumulan cuatro expedientes (al margen de diez cajas conteniendo la documentación inicial y otra adicional que le envió la Armada) y que como querellantes hay ocho familias de los submarinistas desparecidos, representadas por el abogado penalista Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del San Juan.
Dijo además que se mantiene al margen de las medidas disciplinarias que tomó la Armada para con algunos de los altos oficiales, entre ellos tres que fueron separados preventivamente de sus cargos.
Se trata del excomandante de Alisamiento y Adiestramiento de la Base Puerto Belgrano, Luis López Mazzeo (contralmirante); del jefe de la Base Naval Mar del Plata, Gabriel Gonzáles (contralmirante) y del comandante de la Flota de Submarinos, Claudio Villamide (capitán de navío)
Yáñez no confirmó que estos oficiales sean citados en su despacho, pero ello resulta altamente probable dado que, tal como informara El Patagónico, el primero de ellos ya envió a Caleta Olivia la semana pasada a su abogado patrocinante para informar que estaba a su disposición.
MEDIDAS PROCESALES
De hecho, las investigaciones están direccionadas no solo retrospectivamente a la desaparición del submarino ocurrida el 15 de noviembre, fecha en que registró su último contacto radial en Atlántico Sur -frente a las costas de Caleta Olivia-, sino también establecer fehacientemente qué fue lo que causó tal desenlace, tras lo cual la jueza adoptaría medidas procesales y en ese punto comenzaría a requerir indagatorias.
Adicionalmente reiteró que también está incorporado a los expedientes un informe de la Organización Internacional de Prohibición de Explosiones Nucleares, que fue la que detectó una explosión el mismo 15 de noviembre (mediante un análisis de ondas hidroacústicas), y que le fue girado por la Cancillería Argentina.