Docentes que hayan violado los derechos humanos no podrán ejercer

En la sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia se decidió avanzar en la inclusión de un articulado a incorporarse en el estatuto de la institución, que establezca que docentes que hayan violado o participado de acciones que violenten los derechos humanos no puedan ser designados, ni concursados.

La decisión se tomó después de que se votara el viernes el repudio hacia las acciones realizadas por los ex docentes Héctor Corres, quien trabajaba en la Escuela de Derecho, y Norma Fuentes, quien fue decana, vicerrectora y hasta rectora de la institución.
«Conseguir esto es muy importante porque impide que docentes como Corres y Fuentes puedan ejercer, y sobre todo lo extiende al futuro. Lo que surgió de las votaciones de los repudios que propusimos es que lo de Corres fue votado por unanimidad pero en el caso de Fuentes de Carbajo no.
Quienes se abstuvieron fueron los que trabajaron con ella durante su gestión y que pertenecen a la misma línea política», afirmó Santiago Beher, representante de los estudiantes.

ANTECEDENTES
Así se resolvió finalmente el pedido de la Federación Universitaria Patagónica (FUP) de inhabilitación para ejercer la docencia del abogado Corres y la licenciada en Ciencias de la Educación, Fuentes.
Se debe recordar que en el caso de Corres la solicitud se fundó por haber sido procesado y detenido con prisión preventiva por homicidio calificado por la justicia argentina, siendo luego alcanzado por la amnistía dictada por Héctor Campora en mayo de 1973.
En tanto, Norma Fuentes fue «colaboradora de la dictadura» desde sus funciones como subsecretaria de Educación de la provincia durante varios años. Por ejemplo ella establecía -según se resaltó en la sesión- «qué libros debían quemarse o sobre qué aspectos de la vida de los estudiantes debía informarse».
Corres renunció a su cargo después de que trascendiera su oscuro pasado en Mar del Plata y poco después Fuentes hizo lo mismo, tal vez abrumada por la presentación de un informe con cerca de 40 documentos que daban cuenta de la tarea que ejercía durante la sangrienta dictadura militar.
El viernes, el asesor legal del Consejo Superior explicó que los docentes no eran pasibles de ser juzgados por su situación judicial, y que tampoco podían ser inhabilitados dado que ambos renunciaron con anticipación al tratamiento del tema. Es por ello que finalmente se evaluó el comportamiento moral en general.

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