Este lunes se conformó en la ciudad de Esquel un tribunal mixto conformado por dos ciudadanos y tres jueces técnicos que a partir de este martes encabezarán el juicio contra una mujer policía.
La fiscal María Bottini y el procurador de Fiscalía, Carlos Cavallo, encabezan el equipo de la Fiscalía que acusó a la imputada de allanamiento ilegal, detención ilegal, abuso de autoridad y falsificación de documento público.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2023 y tienen por imputada a Gissell Anabell Fiad, una mujer policía, por entonces responsable de la Comisaría de la Mujer de José de San Martín.
El primer hecho por el que llega a juicio Fiad ocurrió en José de San Martin el 13 de marzo de 2023, a las 19:05 aproximadamente, en el domicilio de un hombre que iba a ser notificado de una exclusión del hogar y prohibición de acercamiento dictada por el Juez de Paz.
Con esa finalidad llegó al lugar el móvil RI–1116, con dos empleados policiales y la titular de la Comisaría de la Mujer de la localidad.
En este contexto, de acuerdo a la acusación, Fiad incurrió “en claro abuso de sus atribuciones, sobrepasando el límite para lo que estaba autorizada, al ingresar a la vivienda del denunciante, manifestando que lo hace ‘por orden del juez de paz’”.
El notificado le permitió ingresar y una vez adentro, la oficial habría hecho que la víctima se pusiera de pie y lo detuvo por “desobediencia, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”, colocándole las esposas.
La Fiscalía sostiene que luego de esto procedió a su detención, sin mediar ninguna de las situaciones contempladas en el artículo 217 del Código Procesal Penal, como así tampoco orden de juez competente que habilitara dicho proceder.
La uniformada trasladó entonces a la comisaría de San Martín al detenido, donde permaneció hasta la realización de la audiencia de control de detención, un día después.
UN ACTA CON LO QUE NO PASO
El día de la audiencia de control, a las 8.57 horas aproximadamente, la titular de Comisaría de la Mujer de San Martín confeccionó un acta por la detención realizada el día anterior y la suscribió, insertando declaraciones como: “comienza a exigir que nos fuéramos del lugar ya que él no se notificaría de nada, a lo cual se le solicita que se tranquilice…, responde de manera negativa refiriendo que no firmaría ningún papel, y que no se iría, ya que esa era su casa…., yo no me voy a ir de acá y por su bien le recomiendo que se vayan o van a tener problemas… nuevamente le doy la orden que se retirara del lugar, haciendo caso omiso a la directiva impartida, para luego tomarme por sorpresa de ambos brazos (a la altura de las axilas) y con fuerza tirarme hacia atrás. Esto provoco que golpeara con mi cuerpo con la pared (sin revoque fino) logrando apoyarme con los codos para no perder el equilibrio, ante esta agresión, procedo de forma inmediata a la aprehensión, resistiéndose a la misma, llevando sus manos hacia arriba para evitar que se le colocaran las esposas de seguridad, luego se aferró a una silla por lo que utilizando la fuerza mínima se procedió a su demora (sic)…”.
La fiscal Bottini sostuvo que todo esto, que es un extracto de la extensa acta, no se condice con lo realmente ocurrido de acuerdo a lo que comprobó el Ministerio Público Fiscal.
Añadió la fiscal que, como resultado de este comportamiento, hizo incurrir en un error a un funcionario judicial y se procedió a detener de forma ilegal al damnificado de estos hechos.
Luego, para dar legalidad a dicho acto, la imputada habría dado la orden de suscribir el acta a los dos empleados policiales que la acompañaban.
Ante “la falta de exactitud en lo allí insertado y considerando que era una orden ilegal”, estos “se negaron”, indicó Bottini.
Los hechos fueron calificados como constitutivos de detención ilegal, allanamiento ilegal en concurso ideal con abuso de autoridad, en concurso ideal con falsificación de documento público en calidad de autora.