La Asamblea por los Derechos Humanos criticó un posible ascenso del juez Otranto

El juez Guido Otranto, que fue apartado de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, aspira a integrar el Tribunal Oral Federal de General Roca y con el voto de todos los consejeros de la Magistratura, a excepción de Rodolfo Tailhade (FpV), quedó primero en la terna elevada al Poder Ejecutivo.

De esa forma el magistrado podría ser ascendido, algo que rechaza la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que convocada para expresar su posición adelantó que impugnará el pliego de Otranto ante la comisión de Acuerdos del Senado, informó ayer Página 12.

La APDH hace uso de la instancia previa a la designación que en este caso habilita hasta el 19 de abril para exponer las posiciones respecto al posible nombramiento.

Para la asociación, Otranto, que fue apartado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia por prejuzgamiento y falta de imparcialidad, “no estuvo a la altura” de la investigación y alertó sobre la tergiversación que hizo el magistrado sobre el hallazgo de una de las pruebas fundamentales: la gorra de Maldonado.

“Pone un velo de sospecha en una investigación que debe ser imparcial e independiente, esta situación dejó serias dudas desde el inicio”, expresó Gisela Cardozo, una de las presidentas de la APDH.

SERIAS CONTRADICCIONES

Se debe recordar que en tres actas elaboradas por Otranto, el defensor oficial Fernando Machado y la división Drogas Peligrosas, surgieron contradicciones. El magistrado informó públicamente a través del Centro de Información Judicial (CIJ) que la gorra beige que usaba Maldonado la habían entregado los mapuches en un allanamiento luego de sacarla de debajo de una “manta”.

Machado y los policías, en cambio, así como los miembros de la comunidad donde desapareció Maldonado, indicaron que estaba entre unas “matas”, y que fue hallada por una mujer que no es del lugar y que sería una de las empleadas de Otranto.

María Elena Naddeo, desde APDH, explicó al respecto. “Desde nuestro lugar de querellantes encontramos que el sistema judicial no estuvo a la altura que la situación requería”.

“Hasta el 13 de octubre en que el nuevo juez (Gustavo Lleral) ordenó apartar a Gendarmería y las fuerzas de seguridad del habeas corpus de Santiago, los mismos que debían ser investigados actuaban en la causa casi como si ellos fueran las víctimas, teniendo acceso a todas las pruebas y líneas de investigación”, cuestionó Naddeo.

Norma Ríos, además, recordó que Otranto rechazó un habeas corpus preventivo, reduciendo las garantías constitucionales, de los mapuches, así como de los defensores de derechos humanos hostigados por las fuerzas de seguridad.

Por todas esas razones es que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos adelantó que impugnará el pliego ante la comisión de Acuerdos del Senado para evitar que Otranto sea designado en el Tribunal Oral Federal de General Roca.

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