Héctor Daniel Salazar es el policía que tuvo a su cargo en la ciudad de Esquel una persecución el 17 de mayo de 2020 a las 18:45, iniciada a partir de un incumplimiento al aislamiento social y que finalizó con dos particulares lesionados. El hecho había sido calificado provisoriamente como constitutivo de lesiones graves agravadas por ser el autor personal policial en abuso de sus funciones, en concurso real con lesiones leves agravadas por la misma causa, en concurso ideal con abuso de autoridad. El imputado es un policía que por entonces se desempeñaba en la Comisaría Segunda.
Avanzada la investigación, el equipo fiscal conformado por la fiscal María Bottini y el funcionario Julián Forti, concluyó que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba ni fundamentos para requerir la apertura a juicio y por este motivo requirió al juez Jorge Criado el sobreseimiento del imputado.
Al fundamentar la decisión, los acusadores indicaron que la investigación se inició de oficio ante la noticia por parte de personal de la Seccional Segunda de esta ciudad, de una persona lesionada con arma de fuego en el marco de un procedimiento a cargo del sargento Salazar.
Se constató ese mismo día el ingreso del herido de arma de fuego al Hospital Zonal Esquel, donde fue operado de urgencia ya que estaba en peligro su vida. Se constataron lesiones de carácter leve en el hermano del herido, también con un impacto de proyectil anti tumulto en una de sus piernas, y en su madre un hematoma en la mano derecha que habría sido producto de un forcejeo con el personal policial.
NO CUMPLIAN EL AISLAMIENTO
De las actuaciones policiales realizadas por el propio imputado, surge que se inició una persecución policial cuando el damnificado hizo caso omiso a la orden impartida por la policía de dirigirse a la comisaría Primera a labrar el acta de rigor ante el incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
La versión policial en cuanto a lo que sucedió en el domicilio del damnificado da cuenta de que éste, luego de la persecución, ingresa al mismo, sito en la calle Los Indígenas del barrio Badén a gran velocidad y derribando el portón de ingreso.
Ello se confirma con la inspección ocular realizada y con los dichos de la propia víctima y de sus familiares. El mismo joven da cuenta de que efectivamente cuando el personal de la División Motos lo estaba escoltando a la comisaría, decidió esquivar a la policía y dirigirse a su domicilio para evitar el secuestro de su vehículo, situación ésta que generó la reacción policial.
Se acreditaron las lesiones de cada uno de los ocupantes de la vivienda. Por otro lado, la cabo que participó del operativo, presentó contusión en región posterior izquierda de tórax; mientras que Salazar tenía excoriaciones en la zona del rostro.
También se acreditaron daños en el móvil policial, en el parabrisas delantero y en la parte superior del casco de uno de los policías de Infantería que intervinieron.
Según emerge tanto del acta de intervención policial, como de la denuncia formulada por los policías intervinientes, el disparo se produjo en circunstancias en que el personal policial era agredido con piedras, amenazas y forcejeos por parte de los ocupantes del domicilio. Más concretamente cuando el damnificado estaba por golpear con una piedra en la cabeza a una agente de policía.
La fiscal Bottini concluyó que esta situación “nos lleva a sostener la posibilidad firme de que el actuar del sargento Salazar estuviera justificado o bien por la legítima defensa de un tercero o bien por actuar en cumplimiento de su deber (art. 34 incs. 4to. y 7mo. del Código Penal). Además la investigación se encuentra agotada y no existe la posibilidad de agregar nuevos elementos que puedan variar el criterio de esta Fiscalía”.
La Fiscalía indicó que el damnificado dijo no estar interesado en la condena del policía involucrado. “Sin perjuicio de ello, cabe señalar que este Ministerio solicitó la apertura de la investigación preparatoria frente a la gravedad de los hechos denunciados y a los actores en juego, lo que amerita el inicio de una investigación profunda sobre lo ocurrido”, agregó.
Participó de la audiencia la defensora, Romina Azzolini, quien estuvo de acuerdo con el pedido fiscal. Finalmente, el juez Jorge Criado dispuso el sobreseimiento del sargento Salazar de acuerdo a los fundamentos brindados por la Fiscalía.