Con los nuevos elementos que se incorporaron luego del control de detención, se llegó a la conclusión que el delito en cuestión tiene que ver con la trata de persona y no facilitación de la prostitución.
A todo esto, la juez natural de la causa ordenó que les fueran retenidos los pasaportes para neutralizar de esta manera el peligro procesal de fuga en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 227 del código. También el Ministerio Público solicitó la intervención del equipo de rescate de trata de personas de Buenos Aires, cuyos integrantes se trasladarán a Chubut la próxima semana, contándose en estos momentos con la intervención del servicio de asistencia a la víctima del delito.
Hay que recordar que oportunamente se libraron cinco órdenes de allanamiento, cuatro de ellas en Trelew y una en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, trabajando en forma conjunta la Dirección Policial de Investigaciones, a cargo del comisario Juan Carlos Núñez y el Ministerio Público Fiscal a través de la fiscal general jefe y el funcionario Rubén Kholer, llevando adelante tareas que derivaron en una serie de medidas solicitadas a la juez penal Ivana González.
De esta manera, se efectuaron los allanamientos el 30 de noviembre, todos ellos con resultados positivos. En una casa de calle Honduras, en Trelew, se encontraron cuatro mujeres mayores de edad que fueron trasladadas y atendidas por personal del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), mientras en el resto de los domicilios, tanto en esa ciudad como en La Plata, se secuestraron elementos que fueron materia de peritajes y análisis por parte de los investigadores, concluyendo en la existencia del delito de trata de personas.
Todo el procedimiento se desarrolló de acuerdo a la Instrucción de la Procuración General 006/09, que establece el protocolo de actuación para el caso de víctimas en trata de personas.
En este marco, se procedió a la detención de dos mujeres, cuya documentación indica que una es de nacionalidad dominicana y otra paraguaya, a quienes la fiscalía en aquel momento había imputado provisoriamente el delito de facilitación de la prostitución, artículo 125 bis del código penal. Ambas imputadas fueron impuestas con prohibición de acercamiento a las víctimas y debieron fijar un domicilio para que la policía ejerza el control correspondiente, a la vez que deben firmar el libro de la oficina de ejecución en forma semanal.