El 26 de junio a las 11 se reunirán en Buenos Aires los gobernadores y fiscales de Estado de seis provincias, representantes del gobierno nacional y los cinco magistrados de la Corte Suprema para definir la validez o no de la eliminación del Fondo Federal Solidario.
Según consignó diario El Chubut, el fiscal de Estado de Chubut, Cristian Martínez, y el director general de Coordinación Litigiosa, Javier Stampone, desplegaron una ingeniería legal sin fisuras y muchas provincias «copiaron» la demanda presentada por la Provincia para que Nación restituya los fondos que dejaron de percibir por la liquidación de la soja.
Las provincias en pugna contra el Estado Nacional son Chubut, Formosa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca y Santiago del Estero.
El Decreto de Necesidad y Urgencia objeto de controversias es el 756/2018, que dejó sin efecto la normativa creada en 2009 por la entonces expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
De acuerdo a las cifras que manejan Martínez y Stampone, Chubut podría recuperar 923 millones de pesos. Estos fondos están dividos en dos: $ 133 millones corresponden al periodo agosto-diciembre de 2018, en tanto que $ 790 millones forman parte del primer semestre de 2019 (enero-junio).
La demanda detalla que el crédito presupuestado en concepto de distribución del Fondo Federal Solidario a Chubut para el ejercicio 2018 ascendió a la suma de 463 millones de pesos.
“De dicho monto presupuestado, se distribuyó efectivamente $ 329 millones, lo que arrojaría un faltante de más de $ 133 millones”, indica el escrito presentado.
Asimismo, vaticina que en relación al ejercicio 2019 en curso, atendiendo como parámetro el peso que mantuvo el fondo sojero en relación a los ingresos federales durante los últimos tres ejercicios económicos (aproximadamente 4,20%), «se puede considerar que de haber continuado su distribución, Chubut hubiera generado un aporte al Presupuesto provincial de aproximadamente $ 790 millones, por todo el ejercicio 2019».
La provincia del Chubut, a través de Martínez y Stampone, presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la eliminación del Fondo Sojero, alegando que las partidas que se coparticipan a los distritos estaban contempladas en el Presupuesto nacional y también en el provincial, afectando de esta manera el cumplimiento de las metas fijadas en la ley de Recursos y Gastos de las administraciones provinciales y municipales.
El dossier sostiene que el DNU de Macri “atenta contra la ley de Presupuesto” y que como consecuencia de la quita del fondo sojero, la Provincia y los municipios no pudieron cumplir con sus metas presupuestarias.