El imputado de asesinar al albañil era malabarista en semáforos

Gabriel Romero, detenido horas después de ocurrido el homicidio de Jorge López en la madrugada del martes en el San Cayetano, fue imputado por el delito de homicidio simple. A pedido de los fiscales, recibió dos meses de prisión preventiva.

La audiencia de control detención y formalización de la investigación contra Gabriel Romero, de 39 años, se celebró este jueves en la Oficina Judicial, presidida por el juez Miguel Caviglia.

El fiscal Juan Carlos Caperochipi y la funcionaria Ailén Picollo estuvieron a cargo de la investigación y el mismo martes del crimen pidieron la detención del único sospechoso, Gabriel Romero. En ese sentido, los representantes fiscales expusieron las pruebas reunidas hasta el momento para imputar a Romero por el delito de homicidio simple en perjuicio de Jorge Joel López (33).

Hasta este momento de la investigación aún no están claras las circunstancias del ataque que terminó con López apuñalado en distintas partes del cuerpo. Luego, corrió hasta la casa de una familia a pedir ayuda. Minutos después el albañil -oriundo de la ciudad jujeña de Palpalá- falleció producto de las graves lesiones recibidas a la altura del cuello.

Los fiscales pidieron que se declare legal la detención del acusado, quien fue apresado cuando caminaba sobre la ruta nacional 3. Esa detención se produjo por la facultad que el Código Procesal Penal le otorga al fiscal sin que medie la intervención de un juez. Es cuando “existe tiempo en la demora”, es decir, cuando “no hay tiempo para pedir una orden de detención y el sospechoso está por ocultarse o fugarse”, explicaron las fuentes judiciales a El Patagónico.

Caperochipi y Picollo además argumentaron ante el juez el peligro de fuga porque Romero no tiene un domicilio fijo en la ciudad, y vivía de realizar malabares en distintos semáforos de la ciudad. Si bien nació en Comodoro, el acusado se encontraba en situación de calle y solía pernoctar en edificios abandonados.

También los representantes fiscales hicieron hincapié en el peligro de entorpecimiento, debido a que la mayoría de las pruebas son testimonios. Por todo ello, los fiscales pidieron la prisión preventiva de Romero.

Por su parte, la defensora oficial María de los Ángeles Garro se opuso al pedido de apertura de la investigación y sostuvo que fue ilegal la detención de su cliente. Por eso, no estuvo de acuerdo con la solicitud de la prisión preventiva.

Tras escuchar a las partes, el magistrado dio por formalizada la investigación por el nuevo homicidio ocurrido en la ciudad y dictó dos meses de prisión preventiva para el malabarista.

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