El nuevo ministro fue enjuiciado por vender terrenos fiscales

Hace casi cinco años, Miguel Castro y otros dos exfuncionarios de Cholila fueron absueltos tras un juicio en el que se los acusó de malversación de fondos en la adjudicación de obras y por vender lotes fiscales.

El juez José Colabelli fue el encargado de juzgar en septiembre de 2017 al exintendente de Cholila, Miguel Castro, por irregularidades en la contratación de obras públicas y por la venta de terrenos fiscales. Finalmente lo absolvió por falta de pruebas. Castro asumirá el martes como nuevo ministro de Seguridad de Chubut.

En aquella ocasión los fiscales Oscar Oro y Carlos Díaz Mayer requirieron la declaración de responsabilidad penal con penas de tres años de prisión de ejecución condicional para Miguel Castro, Néstor Rubén Becerra y Gustavo Javier Galindo –exfuncionarios del municipio de Cholila-, más inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos.

En tanto, para los particulares Hugo Ignacio y Adib Eldahuk solicitaron la pena de un año y diez meses de prisión en suspenso. Los fiscales detallaron los elementos obtenidos y las hipótesis con las que trabajaron en cada etapa de la investigación, iniciada a partir de la denuncia de una mujer que en aquel entonces solicitó la reserva de su identidad.

La conclusión del alegato acusador fue que Castro, Becerra y Galindo habían realizado maniobras destinadas a favorecer a la empresa Geluma SRL, y en tal sentido, sostenían que Castro y compañía eran coautores del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público -en cuanto a las obras públicas seleccionadas-, ambas en concurso real con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en cuanto al manejo irregular de las tierras fiscales y de la familia Eldahuk.

En cuanto a Hugo Ignacio Eldahuk y Adib Eldahuk, Díaz Mayer indicó que siendo hermanos y tíos de las víctimas, no sólo resultaron beneficiados por las maniobras que llevaran a cabo los funcionarios públicos Castro, Galindo y Becerra, sino que brindaron la colaboración y participaron de manera necesaria para que las maniobras se concretaran.

Realizaron trámites ante agrimensores, escribanías y otros organismo públicos y privados y suscribieron documentos privados y públicos, siendo estos boletos de compra venta, poderes y diferentes escrituras, por lo que “entendemos resultan ser partícipes necesarios del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

LA ABSOLUCION

En su fallo, el juez Colabelli consideró que no se les podía acreditar delito alguno ni al exintendente Castro, ni a los exfuncionarios municipales Galindo y Becerra. También absolvió a Hugo Ignacio Eldahuk y a Adib Eldahuk.

Colabelli aclaró que se abocó fundamentalmente a los hechos llevados a debate: uno respecto de la obra pública y el otro de tierras fiscales.

El juez indicó que este hecho fue dividido en tres tramos. Uno relacionado con un convenio con el Ministerio de Planificación Federal de la Nación y los otros dos con Vialidad Provincial en distintos segmentos: la pavimentación de arterias de la localidad de Cholila y la Ruta 15, que une esa localidad y la Ruta 40.

Con respecto al primero, Colabelli indicó que meses antes de la firma del convenio entre el entonces intendente Castro y el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, este fue autorizado por el Concejo Deliberante de la localidad. En este sentido, indicó que todas las resoluciones y ordenanzas que emanaron del mismo, se referían a la Ordenanza 37/2009.

En cuanto al convenio con Vialidad Provincial, hubo dos obras. Una referida a contrataciones de dos arterias por 325.348 pesos, y otra por 199.600. Colabelli explicó que uno de los contratos fue rescindido y que el vigente lo fue por un monto dentro de los límites de la contratación directa.

Con relación a la tierra fiscal, fundó su análisis en las facultades de las comunas para fijar su propio régimen de otorgamiento. “Por tal motivo, todas las adjudicaciones de la tierra fiscal, fueron aprobadas y autorizadas por el Concejo. Si el Concejo tiene la competencia para dictar el régimen de tierras fiscales, tiene las mismas facultades para dictar las excepciones que sean necesarias”.

Fuente: Ministerio Público Fiscal

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