La preliminar que vincula a comisarios con prostitución se extendió hasta la madrugada

La audiencia preliminar por cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos que tiene entre sus acusados a los comisarios Alejandro Pulley y Antonio Zúñiga, junto a los exaltos funcionarios municipales, Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos, además del ciudadano colombiano Juan Carlos Cuellar Gamboa y la ciudadana paraguaya Guillermina Ferreira Almada, se desarrolló durante 11 horas y media ininterrumpidas y este lunes se conocerá si finalmente los acusados irán a juicio oral y público, tal como lo reclamó la Fiscalía.

La audiencia fue presidida por la juez penal Daniela Arcuri, quien en lugar de pasar a un cuarto intermedio para continuar al día siguiente con el acto, resolvió seguir hasta que se terminó de ofrecer toda la prueba. A las 13:49 del jueves se inició la audiencia y concluyó a la 1:20 de la madrugada de ayer.

Los protagonistas fueron el comisario Alejandro Omar Pulley, Guillermina Ferreira Almada, Juan Carlos Cuellar Gamboa, y los ex integrantes de la Secretaría de Seguridad municipal, el comisario Antonio Zúñiga y los empleados Andrés Juvenal “Maga” Velázquez y Víctor Barrientos.

El Ministerio Público Fiscal fue representado por los fiscales generales, Camila Banfi y Martín Cárcamo, además del funcionario Cristian Ovalle.

La defensa de Cuellar Gamboa la ejerció la defensora pública Viviana Barillari y a Zúñiga, Velázquez y Barrientos los representó el abogado Guillermo Iglesias, mientras que Ferreira Almada fue asistida por Rosa González y José Palacios. El comisario Pulley fue defendido por Alejandro Fuentes.

Al inicio de la audiencia, los abogados pidieron el sobreseimiento de sus asistidos argumentándose el vencimiento de plazos, mientras que los fiscales solicitaron que se rechace y se eleve la causa a juicio oral y público, inclinándose la juez por la negativa a los sobreseimientos planteados.

LO QUE SE INVESTIGA

Los hechos presentados en la acusación ocurrieron desde el 15 de setiembre de 2014 hasta el 2 de julio de 2016 en el domicilio de la calle Francia al 500. Allí funcionó un departamento VIP propiedad de Guillermina Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa, en el cual al menos 5 mujeres prestaban servicios sexuales.

El dinero percibido era abonado a Ferreira Almada, a la vez que Cuellar Gamboa brindaba condiciones de seguridad interna. Asimismo el comisario Pulley, como jefe de la Seccional Primera, estableció vinculación personal con los ocupantes del VIP, a pesar de tener conocimiento de la actividad ilícita que allí se desplegaba.

Desde el 28 de agosto de 2014 y hasta aproximadamente el 28 de agosto de 2015 Pulley aceptó los ofrecimientos de dineros o dádivas formulados por Ferreira Almada y Cuellar Gamboa para omitir los controles al lugar, brindar protección policial y asesorar en la empresa criminal.

Por dichas tareas recibió una pistola tipo reliquia y dinero en efectivo remitido por Ferreira Almada a Pulley por la empresa Vía Cargo. La investigación preparatoria permitió acreditar la materialidad de los hechos y la autoría de los encartados. Existe base probatoria suficiente para la elevación del caso a juicio, evaluó el fiscal.

A lo largo de toda la jornada las partes hicieron el ofrecimiento de las pruebas documentales y testimoniales que se ventilarán en el juicio oral y público, aunque la juez difirió para el lunes el dictado de la resolución que formalizará dicha elevación a juicio.

CALIFICACION JURIDICA

Los hechos fueron calificados como “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución, al menos 5 hechos en concurso real”, en calidad de coautor para Cuellar Gamboa. A Ferreira Almada se la acusó por “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución, al menos 5 hechos en concurso real” como coautora; “en concurso real con cohecho activo, el menos 4 hechos en concurso real”, en calidad de autora.

En tanto, para Alejandro Pulley la calificación es de “cohecho pasivo, al menos 4 hechos, en concurso real; en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Las penas estimadas por los acusadores son de entre 7 y 9 años de prisión para Cuellar Gamboa; de 10 a 12 años de prisión para Ferreira Almada y de 4 a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Pulley.

Por otra parte, y en relación a los legajos que se incorporaron con acusaciones formuladas el 4 de agosto del año pasado, se ubica el comisario Antonio Zúñiga, sobre quien se afirmó que desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 5 de diciembre de 2016 ejecutó actos administrativos contrarios a la Ley de profilaxis. Asimismo, ilegalmente omitió hacer actos de su oficio en su calidad de funcionario público.

En febrero de 2013 fue nombrado como subsecretario de Seguridad municipal. Con ese cargo debía cumplir con la Ordenanza 10577/12 que le exigía el cumplimiento de la Ley de Profilaxis que exige la erradicación de la prostitución y la venta de bebidas alcohólicas, pero Zúñiga emitió libretas sanitarias para reemplazarlas y facilitar que mujeres ejercieran la prostitución de manera encubierta en los locales comerciales Bagatelle, El Duke, Belgrano I y II y Zulú.

Según lo aportado por testigos, Zúñiga durante este período asesoró, brindó información y coordinó las inspecciones a los locales, donde omitió controlar y manipuló el contenido de las Actas de Inspección en las que no consignó irregularidades.

El segundo hecho aconteció entre el 1 de febrero de 2013 y hasta el 5 de diciembre de 2016 y en este caso se incluye a Zúñiga, pero también a sus subordinados Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos, funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Seguridad municipal, quienes valiéndose de la condición de ser la autoridad de aplicación, en claro ejercicio abusivo de sus funciones, exigieron dinero bajo apercibimiento de clausura a los titulares de departamentos VIP y prostíbulos radicados en el centro de la ciudad.

El dinero era percibido de manera periódica y reiterada; y su exigencia era para permitir el normal funcionamiento y el ejercicio de la prostitución ajena de manera ilegal. Se corroboró que estos dineros, así como los elementos decomisados de manera ilegal en los VIP, fueron convertidos por los coimputados en provecho propio y en favor de terceras personas.

También la acusadora imputó la protección por parte de Zúñiga y Velázquez del VIP de la calle Francia, propiedad de los coimputados Ferreira Almada y Cuellar Gamboa.

Esas conductas fueron encuadradas como “exacciones ilegales agravadas en carácter de consunción, bajo la modalidad de delito continuado; en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de coautores, en concurso ideal con “incumplimiento por omisión” para Zúñiga y Velázquez como coautores y Barrientos como partícipe secundario de las exacciones ilegales agravadas. Estimándose una pena de 7 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Zúñiga y Velázquez; y de 3 años de prisión para Barrientos.

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