Los comisarios vinculados con la prostitución y las coimas irán a juicio

La causa que tiene como acusados a los comisarios Alejandro Pulley y Antonio Zúñiga finalmente fue elevada a juicio oral y público. Con ellos también serán juzgados los empleados municipales Andrés "Maga" Velázquez y Víctor Barrientos, además de los extranjeros Juan Carlos Cuellar Gamboa y Guillermina Ferreira Almada, quienes regenteaban un VIP en una casa tomada de calle Francia al 500.

A través de un escrito que les fue acercado ayer al mediodía a las partes interesadas en el proceso, la juez penal Daniela Alejandra Arcuri informó la elevación a juicio de la causa que el jueves tuvo la audiencia preliminar más larga realizada en Comodoro Rivadavia y que duró casi 12 horas.

Los protagonistas están acusados por “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución, al menos 5 hechos en concurso real”, en calidad de coautor para el ciudadano colombiano Juan Carlos Cuellar Gamboa.

En tanto la ciudadana paraguaya, Guillermina Ferreira Almada, fue acusada por “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución, al menos 5 hechos en concurso real” como coautora; “en concurso real con cohecho activo, el menos 4 hechos en concurso real”, en calidad de autora.

El comisario Alejandro Pulley será juzgado por “cohecho pasivo, al menos 4 hechos, en concurso real; en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de autor.

Las penas estimadas por los acusadores son de entre 7 y 9 años de prisión para Cuellar Gamboa, de 10 a 12 años de prisión para Ferreira Almada y de 4 a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Pulley.

EL OTRO COMISARIO

Por otra parte, y en relación a los legajos que se incorporaron con acusaciones formuladas el 4 de agosto del año pasado, se ubica el comisario Antonio Zúñiga, sobre quien se afirmó que desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 5 de diciembre de 2016 ejecutó actos administrativos contrarios a la Ley de profilaxis, mientras ilegalmente omitió hacer actos de su oficio en su calidad de funcionario público.

En febrero de 2013 fue nombrado como subsecretario de Seguridad Municipal. Con ese cargo debía cumplir con la Ordenanza 10577/12 que le exigía el cumplimiento de la Ley de Profilaxis que exige la erradicación de la prostitución y la venta de bebidas alcohólicas, pero Zúñiga emitió libretas sanitarias para reemplazarlas y facilitar que mujeres ejercieran la prostitución de manera encubierta en los locales comerciales Bagatelle, El Duke, Belgrano I y II y Zulú. Según lo aportado por testigos, Zúñiga durante este período asesoró, brindó información y coordinó las inspecciones a los locales, donde omitió controlar y manipuló el contenido de las Actas de Inspección donde no consignó irregularidades.

El segundo hecho aconteció entre el 1 de febrero de 2013 y hasta el 5 de diciembre de 2016 y en este caso se incluye a Zúñiga, pero también a sus subordinados, Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos, funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Seguridad municipal, quienes valiéndose de la condición de ser la autoridad de aplicación, en claro ejercicio abusivo de sus funciones, exigieron dinero bajo apercibimiento de clausura a los titulares de departamentos VIP y prostíbulos radicados en el centro de la ciudad.

El dinero era percibido de manera periódica y reiterada; y su exigencia era para permitir el normal funcionamiento y el ejercicio de la prostitución ajena de manera ilegal. Se corroboró que estos dineros, así como los elementos decomisados de manera ilegal en los VIP, fueron convertidos por los coimputados en provecho propio y en favor de terceras personas.

También la parte acusadora imputó la protección por parte de Zúñiga y Velázquez del VIP de la calle Francia 502, propiedad de los coimputados Ferreira Almada y Cuellar Gamboa.

Esas conductas fueron encuadradas como “exacciones ilegales agravadas en carácter de consunción, bajo la modalidad de delito continuado; en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de coautores; en concurso ideal con “incumplimiento por omisión” para Zúñiga y Velázquez como coautores y Barrientos como partícipe secundario de las exacciones ilegales agravadas.

Por todo esto se estima una pena de 7 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Zúñiga y Velázquez; y de 3 años de prisión para Barrientos.

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