Los vericuetos de la Justicia

La familia del cabo Nelson Godoy, policías en funciones y un número importante de personas se movilizaron ayer por el centro de la ciudad en reclamo de justicia por el asesinato del funcionario policial que en julio de 2012, estando fuera de servicio y mientras cargaba combustible, se dio cuenta de que estaban asaltando la estación de servicio y entonces intentó frenar el robo y detener a los delincuentes. Del otro lado un asaltante con casco de motociclista -porque en ese vehículo se movilizaba- lo acribilló.
El asesinato del cabo Godoy contiene muchos de los sucesos y hechos que hacen que la sociedad en su conjunto, salvo los entendidos en leyes que tal vez puedan justificar el resultado final, se indignen. Y así se hizo sentir ayer por la San Martín y en sede judicial.
El día en que iba a comenzar el juicio por el asesinato de Godoy, 27 de mayo del 2014, sugestivamente Pablo Barrientos, identificado como la otra persona que iba en la moto, pero sin casco, se fugó de la Seccional Séptima, un lugar que no está preparado ni debería ser lugar de detención pero que, de ninguna manera, puede permitirse una fuga y menos de uno de los presuntos responsables de un asesinato, y encima de un policía.
En el juicio, quien manejaba la moto y quien presuntamente disparó contra Godoy, Bruno Díaz, fue condenado a prisión perpetua pero, en segunda instancia, la Cámara Penal lo absolvió y le otorgó la libertad por el beneficio de la duda ya que, quien acribilló al policía tenía puesto un casco.
Ante la conveniente fuga de Barrientos, en el juicio éste no pudo corroborar que quien había pergeñado el asalto, disparado contra Godoy y manejaba la moto era Díaz quien, pese a la condena, logró finalmente ser absuelto por la ausencia de esa declaración fundamental que tampoco se dio en el juicio abreviado contra Barrientos que se hizo este mes porque, una vez recapturado, se decidió avanzar solo sobre el intento de asalto y no sobre el asesinato.
La familia de Godoy asegura que no dio conformidad para el juicio abreviado y aunque desde la Fiscalía se indica que sí, más allá de esa discusión lo que queda en evidencia una vez más es que por aquellos curiosos vericuetos que tiene la justicia -que varios saben aprovechar muy bien- nuevamente una muerte, en este caso de un policía, queda impune.
Como nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito -otro vericueto importante que tiene la justicia- si Pablo Barrientos hubiera sido juzgado (en el abreviado) como partícipe de asesinato y éste hubiera finalmente identificado a Díaz como el conductor de la moto y quien disparó contra el cabo, el crimen también hubiera quedo impune, pero al menos la familia y la sociedad en su conjunto tendrían la certeza de saber quién fue el que en el día del amigo de 2012 disparó contra un oficial fuera de servicio pero con vocación plena.
La discusión respecto a si la policía puede estar o no sindicalizada ya viene de hace tiempo y a lo lejos y hasta el momento las fuerzas policiales de todo el país y la federal no pueden estar agremiadas.
El espacio de esta columna no da para repasar argumentos a favor o en contra de la sindicalización, pero sí está claro que la policía, cuando pasan cosas tan dolorosas como éstas, desde el primer asesinato al segundo o tercero porque seguramente la familia siente que Godoy es reiteradamente asesinado ante cada vericueto que se impone sobre la justicia, debe tener quien la defienda.
La fuerza policial o el Estado, a través de la Fiscalía, deben tener un funcionario habilitado para, en caso como estos, ser querellante en compañía de la familia quien, en función del dolor y de la imposibilidad que a veces tiene de contar con un buen abogado, puede llegar –incluso- y de manera equivocada a pensar que el juicio abreviado es mejor que nada.
Con un fiscal del Estado como querellante, algunos de estos vericuetos tal vez no hubieran podido encontrarse y hoy la familia en lugar de estar movilizada y reclamante, podría contar al menos con ese mínimo pero necesario bálsamo de paz que debe dar uno de los tres poderes que tiene el Estado, que no puede devolver vidas ni volver el tiempo atrás, pero sí "obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde".

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