Javier Milei regresa al país este sábado y debe definir medidas de ajuste que tienen fecha de extinción, como los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y otros que resuelven asuntos en materia administrativa. Esto es porque en la Ley Bases sancionada el año pasado, el Gobierno logró facultades delegadas en ciertas materias, las cuales evitan que deban tramitarse de manera obligatoria por el Congreso Nacional.
La fecha de expiración para esas facultades será el 8 de julio próximo, a un año de que la Ley Bases fuera promulgada en el Boletín Oficial. Así, queda menos de un mes para que esas medidas desreguladoras que tiene en carpeta el Gobierno puedan ser firmadas por el Presidente y ejecutadas definitivamente.
Hay un aproximado de 13 decretos que están en carpeta y que precisan que se publiquen en las próximas semanas. Estos abordan cuestiones como reducción de gastos, el cierre de áreas y la centralización de organismos descentralizados.
Según publica el portal oficialista Infobae, un informe realizado el mes pasado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado reveló que la Administración Pública Nacional cuenta con 111 organismos, de los cuales 40 son desconcentrados y 71 descentralizados, con un total de 477 autoridades superiores.
Una de las últimas medidas que pudo realizarse por las facultades delegadas fue la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado dependiente de la Jefatura de Gabinete.
La mayoría de las reformas de organismos pendientes responden al Ministerio de Salud, el de Capital Humano y el de Economía. De este último, los principales apuntados son las secretarías de Transporte, Agricultura e Industria.
Desde una de estas áreas explican que la confección de estas reformas son, en cierta forma, un entuerto legislativo. Los borradores hacen un tedioso proceso de correcciones por las áreas de Legales del área que se va a intervenir, el del Ministerio de Desregulación y la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, a cargo de María Ibarzábal, la encargada de darle el visto bueno final.
Luego, debe decidirse el momento correcto para comunicarlo. Las medidas desreguladoras no dejan de ser balas comunicacionales clave en un Gobierno que no tiene iniciativa propia en el Congreso, depende plenamente en la marcha de la economía y que debe esperar al recambio legislativo de diciembre para imponer sus propias reformas.
¿QUE PASARA CON EL INTA?
Una de las reformas más significativas se concentra en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo autárquico bajo la órbita del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El objetivo es ajustar el presupuesto, reducir personal y desprenderse de un segmento de las 450 sedes que posee el instituto, además de modificar la gobernanza y considerar la venta de campos o propiedades, algo que ya se había evaluado y anunciado el año pasado.
Entre los organismos apuntados también están el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
A pesar de que se anunció hace más de tres meses, el Gobierno todavía no reglamentó los cambios en el Instituto Nacional del Cáncer (INC). La decisión busca eliminar la duplicidad de tareas, esto implica que los programas, el acceso a medicamentos y los tratamientos que antes gestionaba el INC pasarán a estar bajo la órbita directa del Ministerio, que aseguró la continuidad de estos servicios.
Además de acotar ámbitos burocráticos, todas estas medidas responden directamente con la premisa de reducción del gasto estatal y de la dotación de la Administración Pública Nacional. Hasta abril de este año, el número de contratados era de 292.801. Un año atrás ese número era de 322.197 personas. Una baja de casi 30.000 empleados.
Una de las patas más significativas que se verá inalterada es la del diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público. En rigor, Sturzenegger es quien convalida los incrementos para los empleados de la Administración Pública Nacional. La encargada de hacerlo es la subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, a cargo de María Rosana Reggi.
Los empleados efectivos se rigen por paritaria negociada con los gremios estatales. Pero los incrementos de los monotributistas se rigen por el Decreto 1109/17. Hay un fuerte malestar con este último sector. “A nosotros no nos aumentan el valor de las Unidades Retributivas desde octubre”, afirma una empleada ministerial. En rigor, en este sector solían estar acostumbrados a dos aumentos anuales. Pero el período de esta ocasión se extendió más de lo usual.