En el marco de un juicio abreviado, el dueño de una empresa dedicada a la venta de máquinas agrícolas se declaró responsable de haber estafado a la corporación de fomento CORFO Chubut y aceptó una pena de dos años de prisión en suspenso, además de hacerse cargo de las costas del juicio.
Mientras, al coimputado, hijo del anterior, se le concedió la suspensión del juicio a prueba, por el plazo de dos años, luego de que ofreciera un monto en concepto de reparación económica del daño causado y de haber asumido la obligación de cumplir tareas comunitarias.
Se trata de Gustavo Fernández y de su hijo Guillermo Saravia Fernández, dueño y apoderado en forma respectiva de la firma SARFE S.R.L de General Roca, Río Negro.
De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, en julio de 2015 le vendieron a CORFO Chubut una máquina cosechadora de papas que resultó ser de menor calidad a la pautada y abonada por ese organismo provincial. Engañaron a quien recibió la máquina con el cambio de los stickers adhesivos. Ambos fueron imputados por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública provincial.
Para no ir a juicio oral y público con una pena posible de dos a seis años de prisión, a partir del asesoramiento del abogado defensor Matías Cimadevilla, el dueño de la empresa reconoció el delito tal como fue sostenido por la Fiscalía de Rawson.
Por esa razón, si el acuerdo es homologado, a partir de una sentencia que se conocerá el viernes, Gustavo Fernández deberá cumplir una pena de dos años de prisión en suspenso, además de hacerse cargo de las costas del proceso y del cumplimiento de las reglas de conducta que le imponga el tribunal.
Mientras tanto, su hijo y apoderado de la firma, Guillermo Saravia Fernández, ofreció pagar 10.000 pesos -supeditado a que ese monto sea aceptado por CORFO que no estuvo representado en la audiencia a pesar de haber sido notificado por la Oficina Judicial-, en el marco de la “suspensión del juicio a prueba” que le fue concedida por dos años. Además, deberá realizar 30 horas de trabajo comunitario desmalezando y juntando fruta, entre otras tareas agrícolas, en beneficio de una escuela técnica de General Roca.
La audiencia en la que se fijaron estas pautas que quedarán plasmadas en la sentencia que las partes conocerán el viernes por parte del juez de garantías Gustavo Castro, fue realizada a media mañana de ayer en la Oficina Judicial de Rawson. Mientras que ambos imputados fueron representados por el abogado Matías Cimadevilla, la acusación e investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Rawson representada por su fiscal jefe, Fernando Rivarola.
CAMBIO DE STICKERS
La denuncia de Sixto Bermejo en carácter de titular de CORFO, se produjo tras haberse recibido la cosechadora, por la que el Estado provincial pagó 397.000 pesos en julio de 2015.
La cosechadora arribó al taller de CORFO, de Gaiman, a bordo de un camión en noviembre de ese año. El jefe de la dependencia Javier Pascual firmó el remito correspondiente, pero posteriormente se comprobó que la máquina era de una marca distinta a la adquirida.
La empresa que resultó adjudicataria de la licitación había enviado una cosechadora con las mismas características técnicas, pero no de la marca estipulada y de menor calidad a la pautada en el contrato de adquisición entre CORFO y la empresa SARFE S.R.
La marca de la cosechadora pautada era “Procemaq”, pero luego de recibida se constató que la cosechadora que había llegado era de la marca “Lochel”, máquina a la que se le había colocado unos stickers blancos adhesivos en ambos laterales con la inscripción “Procemaq ST 1800”. Esa simulación fue lo que indujo en error al empleado que la recibió.
“De tal modo, para el Ministerio Público Fiscal se entregó a CORFO una maquinaria distinta a la adquirida, de menor calidad y en consecuencia de menor precio de mercado, obteniendo un beneficio económico ilegal con el consiguiente perjuicio para la administración pública provincial”, indicó Rivarola al concluir con la investigación.
Durante la investigación el dueño de la empresa dijo que la máquina entregada no solo cumplía con los requisitos y características en la licitación, sino que además era de mejor calidad. La investigación que realizó la Fiscalía de Rawson demostró lo contrario.