El transporte público de pasajeros sigue dando tela para cortar. Ayer el intendente Raúl Simoncini se reunió a primera hora con su gabinete para volver sobre el mismo tema. Esto a pesar de que en la tarde del lunes anunció públicamente que Patagonia Argentina seguiría manteniendo la concesión del servicio del transporte público. Así había concluido una mañana movida que había comenzado con la manifestación de quienes forman parte de Transportes Comodoro, la empresa cuyo proceso de quiebra terminó de ser definida la semana pasada.
Ayer en el gabinete se debatió lo que sobrevendrá de manera inmediata a la adjudicación a Patagonia: qué hacer con los 60 millones de pesos que demanda la transportista.
«Si esto se puede resolver en forma extrajudicial, lo vamos a hacer. Pero este no es un tema que a mí me preocupe. Creo que es un problema que más bien es de la empresa, porque si los juicios siguen adelante van a tener dolores de cabeza», aseguró.
En este sentido, el titular de la Corporación Municipal enfatizó que «seguimos adelante con los juicios: tenemos hecha una denuncia penal que nunca veo reflejada».
Esta fue la primera vez que Simoncini se refirió públicamente a un expediente que no fue iniciado por las autoridades municipales, sino por Jorge Luis Sosa, un ex integrante de Transportes Comodoro SA en 1997.
Las investigaciones determinaron un año más tarde que todo el proceso debía trasladarse a la órbita penal. Hasta allí -y aunque eran directas protagonistas- las administraciones comunales sólo mencionaban el tema cuando la discusión alcanzaba el punto de ebullición. Parece que era el único motivo que obligaba a los directivos de Patagonia a no dar el portazo final y a volver a ocupar su lugar en la mesa de discusión.
Cuando José Raúl Heredia era asesor letrado de la Municipalidad se retomó la causa. Es que los fallos de primera y segunda instancia de la Cámara de Apelaciones establecieron que los funcionarios y abogados detallados en la denuncia inicial eran responsables del delito que de manera general abarca el capítulo de «Estafas y Otras Defraudaciones».
En forma más acotada, funcionarios municipales apuntan que «sustitución de instrumento público» puede llegar a ser la causa que dictamine el procesamiento de quienes en su momento pasaron por el municipio para defender de la mejor manera posible los intereses de los contribuyentes.
GARANTIAS
Ayer, Simoncini reiteró además que el personal de lo que fuera Comodoro -y que actualmente integran la Unión Transitoria de Empresas (UTE)- tiene garantizada la continuidad laboral.
«Le expliqué a la gente que si la empresa (por Patagonia Argentina) se mantenía inflexible, hubiera declarado la licitación como desierta porque asociaban en forma vinculante, no disociada, la propuesta de ajuste automático de tarifas o de subsidios y esto no puede ser así porque el boleto se aprueba mediante el mecanismo de audiencia pública que incluye el proceso de doble lectura», recordó el jefe comunal.
En la reunión de ayer por la mañana se abordaron además las diferentes obras que se tiene en marcha, tales como el Estadio del Centenario y el Monumento a los Caídos en Malvinas.
«Estamos a poco tiempo de inaugurarla y me preocupaba que estuviera lista, pero me lo garantizaron para el 2 de abril», indicó.