El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó en las últimas horas en la Legislatura provincial un proyecto de ley para regular los pasivos ambientales de las actividades industriales en el ámbito de la Provincia, que establece obligaciones y un procedimiento sancionatorio, además de la creación de un Registro Provincial de Pasivos Ambientales y de un Fondo de Recomposición de Pasivos Ambientales, que estará integrado por las multas percibidas por el incumplimiento de la Ley, las subvenciones, y las donaciones.
El proyecto, que además del gobernador lleva la firma del ministro de Gobierno, Andrés Meiszner, tendrá estado parlamentario a partir de la sesión de este miércoles y podría aprobarse en breve. El caso de Chubut podría imitarse en Santa Cruz y, según fuentes de ambos gobiernos, ya hubo contactos entre Torres y su par Claudio Vidal para avanzar fuertemente con el tema a ambos lados del límite interprovincial de Ramón Santos
EL CASO YPF
Aunque por ahora no hay comentarios oficiales al respecto, la primera empresa que podría verse sometida a cumplir esta ley podría ser la petrolera estatal YPF, que pretende desprenderse de varias áreas petroleras para concentrarse en el jugoso negocio de Vaca Muerta. Se estima que la petrolera de bandera podría tener que hacer frente a un pago millonario en dólares antes de retirarse casi por completo de Chubut, aunque la empresa anunció que seguirá operando su yacimiento de Manantiales Behr.
El proyecto se denomina “Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión Sustentable de los Pasivos Ambientales de la Provincia del Chubut” y su objetivo central es establecer los pasivos ambientales de las actividades industriales y económicas realizadas en la Provincia, además de “establecer los recaudos mínimos para identificar, censar y registrar los pasivos provenientes de cualquier actividad, estableciendo obligaciones y regulando un procedimiento sancionatorio a fin de garantizar el debido proceso legal”, dice textualmente el proyecto elevado a la Legislatura.
Según el proyecto, el Registro Provincial de Pasivos Ambientales a crearse funcionará en el ámbito de autoridad de aplicación, como así también se creará el Fondo de Recomposición de Pasivos Ambientales, integrado por las multas percibidas por el incumplimiento de la Ley, las subvenciones, donaciones.
Los pasivos ambientales “son todos aquellos daños ambientales que hubiesen consistido en la afectación negativa de la biota, el agua, el suelo, el subsuelo, la atmósfera, los recursos naturales, los ecosistemas y el patrimonio histórico cultural, producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada, que impliquen un riesgo permanente o potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad, y que la fuente generadora de tal contaminación fuese una actividad abandonada, inactiva o cesada por el titular responsable”, aclara el proyecto.
La norma impulsada por el gobernador Torres incluye el Capítulo VII, sobre “Transferencias y Cesiones”, que en su Artículo 10° aclara que “en caso de transferencia o cesión del establecimiento, explotación o concesión, la falta de aprobación de la auditoria de cierre hace presumir la responsabilidad solidaria del cedente y cesionario. En ningún caso serán oponibles al Estado provincial las cláusulas contractuales que liberen de responsabilidad al cedente en materia de pasivos ambientales, o que establezcan tal responsabilidad en cabeza del cesionario, sin que medie aprobación de la autoridad de aplicación ambiental”. Y concluye: “De no mediar la aprobación mencionada en el párrafo precedente, tales cláusulas serán consideradas ineficaces”.
El Artículo 12° abunda sobre las sanciones administrativas por infracción al presente régimen, que van desde un apercibimiento a multas de entre 500.000 y 1.500.000 litros de gas-oil, pasando a situaciones más graves que incluyen la suspensión o revocación de las autorizaciones, concesiones, licencias, la clausura temporal o definitiva y la cancelación definitiva de las habilitaciones e inscripciones de los registros correspondientes.
Fuente: Jornada