Se trata de letrado particular Mario Alejandro Sotomayor, quien posee su estudio en Caleta Olivia, el cual fue acusado por el fiscal federal de esta misma ciudad, Lucas Colla de estafas reiteradas a jubilados al haberles cobrado honorarios desproporcionados para que pudieran percibir deudas reclamadas al Estado nacional por las acciones del Programa de Propiedad Participada.
Sotomayor quedó procesado y fue el propio Colla quien se ocupó la semana pasada de difundir la causa a través de la página web fiscales.gob.ar, la cual comenzó a sustanciarse hace más de un lustro.
Las investigaciones tuvieron un impasse por la pandemia del Coronavirus y ahora cobraron notoriedad y el fiscal argumentó que de alguna manera Sotomayor accedía a listados del Anses donde figuraba el nombre de personas que debían cobrar deudas.
Luego las captaba convenciéndolas para que entablaran un juicio y cuando el mismo salía favorable, en muchos casos las acompañaba a un banco para cobrar y quedarse con un porcentaje de dinero muy superior a los honorarios normales de un letrado.
El fiscal basó gran parte de su acusación en denuncias de varias personas que dijeron haber sido estafadas, tanto en ésta como en otras ciudades del país por el mismo abogado, al cual se le cursó una citación a indagatoria.
REUNION CON CLIENTES
Sotomayor también tiene un estudio en Buenos Aires, generalmente reside en esa ciudad y esta semana retornó a Caleta Olivia para apelar su situación procesal.
Además, este jueves se reunió con numerosos clientes de la clase pasiva, muchos de los cuales ya cobraron lo que surgió de los juicios favorables y otros aún tienen cuotas pendientes a percibir.
Contrariamente a lo que se pensaba, en la reunión casi no hubo discusiones y, por el contrario, muchos clientes se despidieron del letrado estrechándole la mano o dándole un abrazo.
Posteriormente respondió a consultas periodísticas en las que no escatimó críticas para con el fiscal que lo procesó.
Entre otras cosas dijo que Colla tiene animosidad contra su persona ya que se basa en pocas denuncias de quienes se consideran damnificados, teniendo en cuenta que su cartera de clientes es de casi tres mil en todo el país.
Además criticó al fiscal por el gran dispendio (gastos excesivos) de recursos del Estado para llevar adelante la causa.
“De las declaraciones testimoniales –puntualizó-, sólo surgieron 16 personas donde dicen que yo las estafé. Pero la mayoría de los clientes locales están acá. Ellos me firmaron la ratificación hace tres años y siguen cobrando, pero lo que no entiende el fiscal es que son liquidaciones de montos indeterminados porque no terminan los juicios".
Al solicitársele mayores precisiones sobre las defraudaciones que se le atribuyen en el cobro de honorarios, sostuvo que por un lado “hay gastos y consultas que jamás se le cobró a la gente, pero hay casos donde los montos son indeterminados. Por eso pido que venga alguien a decirme porqué le cobro el 25%, el 30%, el 40% o el 50%. Puedo ser el abogado más caro del mundo, pero si alguien no está de acuerdo, se puede ir a otro estudio”.
Tras ello volvió a recriminar la animosidad que tiene hacia su persona el fiscal, añadiendo que planteará la incompetencia del foro federal y a modo de ironía preguntó a los periodistas “si alguna vez lo escucharon hablar por la causa de submarino ARA San Juan", dando a entender que, en la causa que se ventiló en el juzgado federal de Caleta Olivia, bien pasó por alto acusaciones contra responsables de esa tragedia que enlutó al país.