En el marco de las instrucciones del intendente Othar Macharashvili, empleados de distintas áreas municipales ponen fin a un proceso de degradación y desorden del espacio público que se detectó a principios de noviembre a la vera de la ruta provincial 1, en la zona conocida como El Faro.
Por ese motivo, el personal municipal se encuentra trabajando tanto en el tráiler de la vecinal de El Faro, como en las oficinas de la Subsecretaría de Tierras ubicadas en Km 4, para que los ocupantes de dicho sector concurran a culminar su empadronamiento.
En este contexto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich, detalló que “la tarea se extenderá por dos semanas más”, aclarando que “aquellos que se opongan a la regularización, que no sean relevados y resistan la acción de la gestión municipal, serán pasibles de la aplicación de la sanción prevista en la Ordenanza General de Tierras Fiscales. Quienes conocen nuestra forma de trabajo saben positivamente que vamos a aplicar la normativa con mucho rigor”.
El funcionario acotó que “estamos sorprendidos porque en la tierra fiscal son muy pocas personas las que viven en el lugar; son personas conocidas y de bien. Solo tres familias tienen emprendimientos productivos de autosubsistencia. Hay un gran abuso de espacios innecesarios, cercados sin ningún criterio, y mucha gente con la intención de violar las normas, fraccionar o vender la tierra de la comunidad -que no les pertenece- por medio de boletos de compraventa truchos”, cuestionó el secretario municipal.
Finalmente, Jurich sentenció que “esperamos que el propietario privado de las tierras lindantes a la Ruta Provincial 1 haga su parte y ordene debidamente el espacio. Nos preocupa mucho la instalación peligrosa de casas contiguas a la Ruta 1, que deberá ser subsanado por Vialidad Provincial”.
El operativo que consistió en el retiro de las construcciones armadas, donde equipos de inspectores de la unidad de Tierras, trabajadores sociales y maestros mayores de obras constataron la ubicación y características de cada elemento plantado en el lugar.
“Regularizar ocupaciones es fundamental para continuar con el ordenamiento de la ciudad”, insistió Jurich, dado que la Ordenanza General de Tierras Fiscales prevé sanciones que implican la demolición total de lo construido, el pago de una multa de hasta 500.000 módulos y la inhabilitación para ser adjudicatario de tierra pública por 20 años.