Entre 1814 y 1880, las provincias unidas discutieron en la academia y en el campo de batalla cómo organizar el Estado Nacional. Hombres de a caballo se trenzaron en sangrientos combates a tacuara y cuchillo, representando dos modelos de país.
Por un lado estaban los partidarios de una organización federal, donde las provincias se vincularían a la Confederación preservando su autonomía; y por la otra los unitarios, que pretendían reproducir la organización administrativa de la colonia, apoyados en la fuerza de la ciudad puerto y las potencias de ultramar.
Todo concluyó en un modelo económico liberal, subsidiario del imperio británico, federal en los papeles, pero unitario en la práctica.
Por entonces no había autos y los derivados del petróleo no tenían mayor aplicación. Por eso la redacción de la Constitución de 1853 nada decía sobre la propiedad de los recursos energéticos del subsuelo.
Pero 1907, cuando el oro negro surge en el pueblo de Comodoro Rivadavia, ya había una clara conciencia de su valor estratégico. Comodoro formaba parte de un territorio nacional, por lo que la nacionalización de este incipiente nuevo recurso en nada afectaba los intereses federales.
El recurso se consideró un bien nacional y así fue incorporando en la Constitución peronista de 1949; en la Ley de Hidrocarburos 14.773 de Arturo Frondizi y también en la Ley 17.319 del Gobierno de Juan Carlos Onganía aún vigente.
Recién en 1994, con la reforma constitucional, se reconoce el dominio de las provincias sobre sus recursos naturales.
Pero a pesar de la manda constitucional, no es sino hasta el año 2006 que a instancias del presidente Néstor Kirchner se sanciona la Ley 26.197 y el Gobierno nacional transfiere los contratos petroleros vigentes a las provincias.
Cristina Kirchner continúa con el federalismo energético y, al expropiar el 51% de las acciones de YPF, participa también a las provincias con un 25% de la empresa, otorgándoles representación en el Directorio y derecho a la renta.
¿El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos implica un cambio de ideas? Nuestra nación pone a disposición de los argentinos gas y petróleo a precio muy inferior al valor de mercado. Su objetivo es permitir la expansión del aparato productivo, para lo cual debe existir una disponibilidad de energía a precios competitivos.
Pero a pesar de haber recuperado el manejo de YPF aumentado un 10% la producción de gas y 8% la de petróleo, estamos lejos de lograr el autoabastecimiento. Anualmente se importan gas y petróleo por valor de 14.000 millones de dólares, dinero que sale de los impuestos que todos pagamos.
Sin embargo Dios nos favoreció con la segunda reserva de gas y la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo, asegurándonos el autoabastecimiento energético por los próximos 200 años.
Los argentinos debemos resolver cómo extraer este recurso para crecer en el campo industrial y detener las pérdidas de divisas por importación de combustibles.
Para lograr este objetivo necesitamos la participación del capital privado, de grandes actores mundiales con capital y tecnología suficiente, en un momento difícil donde nuestra Argentina sufre las presiones del mundo financiero parasitario y también de la decadente justicia americana.
Las petroleras antes de embarcarse en negocios de tan larga amortización exigen seguridades. Desean negociar con un interlocutor único, traer libremente sus equipos de trabajo, no verse afectadas por cambios de reglas contractuales o tributarias, y disponer de las utilidades del negocio.
Por otro lado, las provincias productoras de petróleo han vivido cien años subvencionando al país con los recursos no renovables que salen de sus territorios, pagando un enorme pasivo social y ambiental.
A ocho años de haber recuperado el manejo de nuestros recursos, muchos vemos en la iniciativa de darnos una nueva Ley de Hidrocarburos un avance sobre las autonomías de los estados federales. Implica perder poder de decisión.
En el caso de Neuquén, en once años lleva aportados 4.302 millones de dólares para la grandeza de la Nación, generados por la diferencia entre el valor interno del gas que se le paga a esa provincia y el precio de importación del gas boliviano.
Siendo Cristina patagónica, santacruceña y federal no existe razón para no compatibilizar los intereses generales de la Nación con los intereses de las provincias. Quizás sea el momento de desensillar, dejar las tacuaras de lado y darnos un debate del que salgamos fortalecidos.
