La jueza Nieto ordenó a docentes levantar el paro

La titular del Juzgado de Familia de Comodoro Rivadavia, María Marta Nieto, estableció en su fallo "la prohibición de suspender el dictado de clases con motivo en medidas de fuerza adoptadas gremialmente". También intimó al Ministerio de Educación de Chubut a aportar respuestas que contemplen el reclamo gremial.

La jueza de Familia de Comodoro Rivadavia, María Marta Nieto, emitió ayer un fallo en el que establece “la prohibición de suspender el dictado de clases con motivo en medidas de fuerza adoptadas gremialmente”, en todos los niveles educativos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, “debiendo los docentes cesar en las medidas de fuerza, cualquiera sea su modalidad, que impidan la normal prestación del servicio de educación, bajo apercibimiento de imponer sanciones pecuniarias o de otra índole a fin de vencer la resistencia a su cumplimiento”.

El fallo, publicado en algunas de sus partes por el portal de noticias ADNSur, intima también al Ministerio de Educación de la provincia a aportar respuestas que contemplen el reclamo gremial a fin de garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. De esta manera, la magistrada hace lugar al recuro de amparo impulsado por la Oficina de Derechos y Garantías, con acompañamiento de la Asesoría de Familia, luego de la audiencia de conciliación que había comenzado el lunes y que continuó ayer.

La decisión de Nieto añade entre sus argumentos que “la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia que deben tener sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de los que se trate (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General 14, cit., párr. 40.)”.

El fallo es preventivo y tendrá duración hasta que se resuelva el amparo, por lo que exhorta al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación para que en un plazo de 20 días hábiles informen al Juzgado sobre las medidas a adoptar en lo inmediato y a mediano plazo, para revertir la situación “lesiva al derecho a la educación de los NNyA, que contemplen reclamos gremiales de público conocimiento, como asimismo el resultado de la conciliación obligatoria en proceso, bajo apercibimiento de imponer sanciones pecuniarias o de otra índole a fin de vencer la resistencia a su cumplimiento”.

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