El dolor y la bronca atraviesan a la familia de Guadalupe Pedraza, la joven de 25 años que murió junto a otra reclusa en la cárcel de Bouwer durante un incendio en diciembre de 2025.
Valeria Romero, la madre de Guadalupe, denunció públicamente en las últimas horas que el Estado “no la cuidó” y que hubo abandono por parte del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Horas después solicitó el traslado a Bouwer para estar más cerca de su familia, sin imaginar que esa decisión sería su sentencia de muerte.
Cuando se desató el incendio, se encontraba alojada en una celda de aislamiento junto a otra interna. Ninguna sobrevivió. Guadalupe tenía una hija de cinco años.
El incendio en Bouwer y la denuncia de la familia: “Las dejaron morir”
El peritaje de Bomberos determinó que la quema de colchones en la celda fue intencional, aunque todavía no se estableció quién la provocó.
“No es fácil, perder un hijo es lo peor que te puede pasar”, lamentó Romero. Y remarcó: “Mi hija estaba pagando por un delito que había cometido y me la dieron sin vida, no me la cuidaron como la tenían que cuidar”.
La madre de Guadalupe fue contundente: “Es un dolor que a nadie se lo deseo, ni a mi peor enemigo. Que te quiten un hijo, que te lo arrebaten y saber que estuvo pidiendo auxilio y que nadie hizo nada... porque si hubieran querido las hubieran salvado y las dejaron morir. A ellas las dejaron morir; a mi hija me la mató el Estado”.
El pedido de justicia
El abogado de la familia, Diego Casado, también apuntó contra las autoridades penitenciarias. “Quisieron encubrir un accionar omisivo por parte de las empleadas del Servicio Penitenciario. Juntaron a todas las jefas de los módulos para decirles que tenían que cambiar su versión de los hechos y las que no se prestaron a eso sufrieron alguna represalia”, afirmó en Telenoche.
Casado adelantó que pedirán que las declaraciones de las internas se tomen dentro del penal: “Han querido cambiar la versión, por eso a la fiscalía vamos a pedir que se tome la testimonial en la misma cárcel de Bouwer, resguardando a las presas para que se animen a contar la verdad”.
La respuesta oficial
Desde el Ministerio de Justicia de la Provincia, que tiene bajo su órbita al Servicio Penitenciario, informaron que no harán declaraciones porque la causa está en manos del Poder Judicial.
Sin embargo, negaron las condiciones irregulares denunciadas por la querella.