Caleta Olivia (agencia)
La manifestación había sido convocada inicialmente por el caso de una niña de 4 años que fue violada y se presume que otra de sus hermanitas, de 10 años, también pudo haber sido ultrajada en un ambiente familiar de promiscuidad, un aberrante hecho que recién cobró notoriedad pública a principios de la última semana.
A ello se le sumó otro preocupante caso, como es la desaparición de un chico de 17 años, Carlos Aguirre, de quien nada se sabe desde el 24 de febrero cuando no retornó a su casa ubicada en el barrio 17 de Octubre luego de discutir con su novia, según relataron sus familiares.
Este diario no pudo constatar si entre la concurrencia había familiares de las niñas que sufrieron maltratos y aberrantes abusos. En todo caso, si estuvieron presentes no se identificaron entre la multitud conformada mayoritariamente por vecinos que no tenían ninguna relación con ese grupo familiar.
Como fuera, la gente desafió una supuesta directiva judicial que habían solicitado que se suspendiera la marcha para no entorpecer las investigaciones y evitar que se conocieran identidades de los implicados, según el relato que el viernes hizo –vía telefónica- una mujer que dijo ser abuela paterna de la pequeña de 4 años que fue vejada, abuso constatado por médicos del Hospital Zonal.
CUESTIONAMIENTOS
Además se vecinos que acudieron de manera individual llevando carteles y pancartas, asistieron referentes de varias instituciones, como el Plenario de Trabajadores del Partido Obrero, de la Iglesia Evangélica Cristiana Shekinah y de otra asociación que defiende los derechos de los menores y la familia denominada Anmhor.
Si bien el eje de la marcha era el silencio, en reiteradas ocasiones se escuchó el sonido de palmas y cánticos como el "que se vayan todos".
Esto último reflejaba serios cuestionamientos a autoridades de la Oficina Municipal de Protección de la Niñez y Familia que está a cargo de la licenciada Cecilia Florentín y a la propia titular del Juzgado de la Familia, María del Rosario Alvarez.
Varias manifestantes dijeron que deben renunciar a esos cargos públicos por no atender a tiempo los casos que atentan contra los abusos de menores. Además, repudiaron el hecho de que no se haya ordenado la detención de los presuntos responsables ya que se considera que hay suficientes elementos de prueba para que se ordene ese procedimiento.
Fue por ello que la marcha, que se inició en la plazoleta del Monumento al Obrero Petrolero, pasó en principio por el edificio del Juzgado de la Familia, sito en la calle Yrigoyen y luego se dirigió hacia la Unidad Regional de Policía, para pedir que se incremente la búsqueda del adolescente desaparecido.
- 05 marzo 2017