Abel Reyna se encuentra dispuesto a declararse culpable por la entrega irregular de viviendas en el IPV

El exdelegado del Instituto Provincial de la Vivienda en Comodoro Rivadavia, Abel Reyna, está dispuesto a declararse culpable durante un juicio abreviado en la causa por la entrega irregular de viviendas. Su defensor propuso ayer a la Fiscalía que se inicie el trámite de ese procedimiento y pidió la suspensión de la audiencia preliminar. Mientras, para tres de los cinco asistidos por la Defensa Pública se hizo lugar a una suspensión de juicio a prueba. Las defensas tienen cinco días para impugnar ante la Cámara las negativas planteadas ayer.

Tal como lo informó El Patagónico de manera exclusiva, se desarrolló ayer la audiencia preliminar de la causa IPV. En ella se investigó la entrega irregular de viviendas y la Fiscalía de Comodoro Rivadavia acusó al exdelegado local del organismo, Abel Reyna y a otros siete empleados que trabajaban bajo su órbita.

La audiencia fue presidida por la juez natural de la causa, Mariel Suárez, mientras que por la parte acusadora asistió la fiscal general, Camila Banfi y la representante de la querella, María Laura Martensen.

Los imputados Abel Reyna y Claudia Leonori fueron asistidos por el abogado particular Guillermo Iglesias; Darío Acosta recibió el asesoramiento técnico de Francisco Miguel Romero, mientras que los defensores públicos Esteban Mantecón y Lilián Bórquez asistieron a Vanesa Consoli Medina, Raquel Antimilla, Alejo Recalde, Ana Adelina Caro y Fabiana Onieva.

ABREVIADO

Antes de dar inicio a los temas centrales de la audiencia preliminar, el abogado Iglesias propuso dar comienzo al trámite del procedimiento de juicio abreviado e iniciar de esa manera la discusión con la parte acusadora para arribar a un acuerdo en el que se incluya el monto de la pena y el de la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Ello respecto de Reyna, para quien la Fiscalía fijó en la acusación una pretensión punitiva de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación perpetua.

Reyna fue acusado por los delitos de cohecho, dos casos; tráfico de influencia; incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Todo ello en carácter de autor.

El mismo defensor asistió a Leonori y para ella solicitó que se aplique la suspensión del juicio a prueba, entendiendo que se reúnen los requisitos para que pueda acceder a ello. En este caso, la imputada fue acusada como partícipe de los delitos que le fueron atribuidos a Reyna.

NO CUESTIONO LA ACUSACION

El defensor particular Francisco Miguel Romero no cuestionó la acusación que la Fiscalía presentó respecto a su asistido Acosta y manifestó su intención de ir a juicio oral y público para debatir el caso en ese contexto.

Por otro lado los defensores públicos Mantecón y Bórquez solicitaron la suspensión de juicio a prueba para Consoli Medina, Antimilla, Recalde, Caro y Onieva. Ello, por el término de un año y con el ofrecimiento del cinco por ciento de sus salarios en calidad de reparación.

Todo lo expuesto por los defensores fue analizado por la Fiscalía, desde donde se rechazó la posibilidad de suspender el proceso a prueba para la acusada Leonori, entre otras cosas, por su condición de abogada; como así también se rechazó esa posibilidad para Consoli Medina y Antimilla porque hasta el momento no devolvieron las viviendas. En caso de que así ocurra la fiscal de la causa estaría dispuesta a analizar esa forma de solución de conflicto.

La fiscal Banfi, además, se manifestó de acuerdo con la suspensión de juicio abreviado para Recalde, Caro y Onieva, aunque solicitó que el plazo sea de dos años y que los acusados realicen tareas comunitarias por ese período de prueba.

Tras escuchar a las partes la jueza resolvió hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba propuesta en beneficio de Recalde, Caro y Onieva, pero con el plazo de dos años reclamado por la Fiscalía. Asimismo, deberán realizar 12 horas mensuales de trabajos comunitarios, mantener el domicilio y presentarse cada cuatro meses ante un órgano de control. En tanto que no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba requerida para Leonori, como tampoco la de Antimilla ni Consoli Medina.

Por tal motivo, la Defensa Pública se sumó al pedido de suspensión de la audiencia preliminar, adelantándose que impugnará la decisión ante la Cámara Penal, algo para lo cual tiene cinco días. El recurso también será presentado por el abogado particular de Leonori.

En cuanto al juicio abreviado de Reyna, de ahora en adelante deberá buscar un acuerdo su defensor con la Fiscalía y de coincidir tanto en el monto de la pena, como en los años de inhabilitación, el mismo deberá ser presentado cuando se reanude la audiencia preliminar.

EL CASO

La causa del IPV está relacionada con las irregularidades en la entrega de viviendas que se habrían producido entre diciembre de 2011 y octubre de 2014 y que la investigación surgió a partir de la denuncia radicada por el entonces director provincial del organismo, Ricardo Trovant, quien fue presentado entre los 76 testigos que tiene la fiscalía para el juicio.

En la acusación que en forma oportuna presentó la titular de la acción penal, se describieron las distintas modalidades de pago, en la que se incluyeron hasta favores sexuales para obtener una casa en el plan de las 81 viviendas de Ciudadela. En tanto que también se calificaron los delitos de cohecho activo y pasivo, además del tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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