Durante la audiencia, el fiscal Alan Larrue solicitó la extensión de la prisión preventiva argumentando que persisten los fundamentos originales y se han fortalecido con la investigación. Larrue destacó el peligro de fuga debido a la gravedad del hecho (homicidio agravado por el uso de arma de fuego) y la pena esperada, que podría superar los diez años de prisión. Además, mencionó los antecedentes penales de Álvarez por robo agravado. También se señaló el peligro de entorpecimiento de la investigación, ya que los principales testigos son familiares de la víctima y el imputado.
La defensora pública, María Cristina Sadino, no se opuso al pedido del fiscal. Explicó que, aunque su asistido regresó al domicilio después del incidente, lo que sugiere que no intentó evadir la justicia, la falta de un domicilio fijo es un impedimento para solicitar una medida de morigeración. Sadino se refirió a la teoría de un hecho culposo por manejo indebido del arma, pero reconoció que el único peligro a cautelar era el de entorpecimiento.
Finalmente, la jueza Tassello consideró la solidez de la evidencia presentada por la fiscalía, incluyendo el resultado de la autopsia que confirmó la causa de muerte por herida de arma de fuego en la cabeza. La magistrada enfatizó la gravedad del delito y la alta probabilidad de una pena de cumplimiento efectivo, lo que sustenta el riesgo de fuga y entorpecimiento. Ante la falta de oposición de la defensa, se decidió extender la prisión preventiva de Álvarez por dos meses.