Caleta Olivia (agencia)
El feroz enfrentamiento político que desde hace casi dos años viene sosteniendo el intendente José Córdoba con cuatro de los cinco miembros que conforman el Concejo Deliberante de esta ciudad alcanzó ayer una situación límite. Los ediles opositores convocaron a conferencia de prensa para dar a conocer un dictamen del Tribunal de Cuentas de la Provincia que, argumentan, les da la razón a sus denuncias sobre malversación de fondos y otras irregularidades en que incurrió el jefe comunal.
En la misma jornada, Córdoba respondió con dos actitudes: denunció públicamente al presidente del cuerpo deliberativo, Manuel Aybar (PJ) tildándolo de "coimero" e hizo descargar decenas de cajas de madera frente al edificio del Concejo, conteniendo la documentación contable que tanto le reclamaban.
El escándalo institucional también tiene innegables visos políticos teniendo en cuenta que tanto Aybar como otros dos ediles opositores, Juan Acuña Kunz (UCR) y Víctor Chamorro (ex UCR, ahora adherido al PRO), ya lanzaron sus candidaturas a la Intendencia.
A ellos se suma Juan José Naves (Frente para la Victoria Santacruceña del sector "cotillista") en lista de espera candidateable; en tanto que el quinto edil, Juan Domingo Cabrera (FpV) se mantiene al lado de Córdoba y no participó de la rueda de prensa.
"El Tribunal de Cuentas dictaminó, en base a su auditoría, que Córdoba es responsable de malversación de fondos", fue la frase que sintetizó la exposición de los ediles opositores, a partir de las 10:30 en la Unión Vecinal del barrio Bella Vista.
Los mismos hicieron entrega de un expediente de 42 fojas que contiene el documento emitido el 4 de agosto por los miembros del Tribunal de Cuentas (TC) que tiene su sede en Río Gallegos y es presidido por Carlos Javier Ramos.
ACUSACIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS
Los concejales indicaron que la "malversación de fondos" en la que incurrió Córdoba comprende a varias partidas de obras públicas que en total sumarían alrededor de 130 millones de pesos, a lo que sumaron acusaciones de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y otras irregularidades.
En este mismo contexto, vale recordar que hubo una denuncia penal que se presentó en un juzgado de instrucción local y por separado un insistente pedido de juicio político que hasta ahora no había prosperado, pero ahora el dictamen del TC les deja virtualmente libre el camino para pedir la destitución del jefe comunal.
El propio Aybar explicó que en la auditoría del organismo provincial se detallan numerosas irregularidades como ser "mal procedimiento" en la adjudicación de obras públicas, traspasos de obras una empresa a otra, vehículos que no figuran a nombre del municipio y falta de rendiciones de cuentas.
"El informe demuestra que el Concejo Deliberante ha tenido toda la razón y que hay indicios de delitos por no rendir cuentas y no cumplir con los plazos de contratación de terceros", ejemplificó el edil en otro pasaje de su exposición.
En consecuencia, evaluó que con esta documentación queda acreditado que hubo malversación de fondos, principalmente en materia de obras públicas.
Otros concejales señalaron que "hay dos responsabilidades", una de tipo administrativa y otra penal, que también se extienden a secretarios de intendente, "independiente del juicio político que nosotros tenemos iniciado".