Desde que Nación presentó hace cuatro meses a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) su propuesta para reformar la normativa petrolera, se reiteran las declaraciones públicas de los actores involucrados, las semanas avanzan y el diálogo permanece estancado. Pero la iniciativa podría recobrar impulso con una reunión convocada desde Buenos Aires para los próximos días.
En fecha a confirmar, la Presidente recibirá a los gobernadores del bloque y las expectativas se depositan en si ratificará lo que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, le anticipó hace dos días al gobernador de Chubut, Martín Buzzi, titular de la OFEPHI. Se aguarda que la Casa Rosada presente un nuevo borrador de su proyecto para modificar la Ley Nacional de Hidrocarburos, que contemplaría las propuestas de las provincias productoras.
Hasta el momento las dificultades para alcanzar un acuerdo sobre la reforma pasan por las objeciones de provincias como Chubut o Neuquén. Además de ser las principales productoras, cuentan con una legislación propia en la materia y consideran que algunos puntos del proyecto original avasallan la autonomía que les confiere la Constitución Nacional para administrar los recursos de su subsuelo, un derecho reglamentado por la Ley Corta.
En las últimas declaraciones con las que se refirió al debate de fondo, Cristina Fernández insistió en que a partir del proyecto denominado “Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos”, su Gobierno propone crear un marco jurídico y tributario homogéneo que permita fijar en el país un contexto de previsibilidad para las empresas dispuestas a invertir en la producción de petróleo y gas, sobre todo del tipo no convencional que requiere una inyección de fondos millonaria para desarrollar estudios exploratorios.
“Me parece que algunos confunden propiedad con jurisdicción. Son dos cosas totalmente diferentes, la propiedad es de las provincias. Nosotros queremos establecer jurisdiccionalmente una regla común, que permita saber a todos los empresarios que ninguna provincia va a cobrar un impuesto más alto que la otra. Lo que queremos es que todas las áreas se adjudiquen por licitación pública nacional e internacional para que no quede en manos del gobernador de turno el poder de decidir a quién se otorgan las áreas petroleras”, manifestó la Presidente.
Nicolás Gadano, economista especializado en la industria de hidrocarburos, analiza en su libro “Historia del Petróleo en Argentina” que desde el momento en que se descubrió ese recurso energético, hace 107 años, se ha planteado un interrogante sobre su propiedad y otro respecto de quién debería explotarlo.
También evalúa que si bien el dominio público del subsuelo no se ha modificado en más de un siglo de explotación petrolera, el país tampoco ha podido encontrar respuestas claras y estables a esos dos interrogantes.
Gadano considera que el marco regulatorio de la industria se ha caracterizado por recurrentes ciclos en los que reformas importantes suelen quedar sin efecto en el gobierno siguiente. En consecuencia el petróleo no ha sido totalmente liberado a la actividad privada ni tampoco se ha impulsado de manera sostenida la explotación estatal, afirma.
Otro experto en políticas de hidrocarburos como el ex secretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat, coincide con esa postura en su libro “Economía y Petróleo”.
Tanto Montamat como Gadano exponen que la historia petrolera argentina ha estado signada la mayor parte del tiempo por la dicotomía “iniciativa estatal versus emprendimientos privados”, con períodos emblemáticos como la época dorada de YPF en la década del 20, bajo la gestión de Enrique Mosconi en la presidencia de Marcelo T. Alvear; los impulsos nacionalistas de Juan Domingo Perón a fines de los 40; o la apertura de la inversión extranjera a partir de 1958 en la presidencia de Arturo Frondizi.
Durante el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía, en 1967 se promulgó la Ley de Hidrocarburos 17.319, que es la que permanece actualmente en vigencia.
En el momento de su sanción apuntaba a propiciar la explotación estatal a través de YPF y a la vez permitir la existencia de contratos y concesiones con el sector privado.
Con la llegada de Carlos Menem al poder en 1989, el Gobierno nacional dispuso un cambio total en la forma de encarar el negocio petrolero con la sanción de una serie de decretos que determinaron una importante transferencia al sector privado de áreas de exploración y producción que estaban en poder de YPF.
Representó la antesala de la privatización de la petrolera estatal durante los 90, que quedó en manos mayoritarias de la española Repsol en el 99, bajo el argumento de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales era un monopolio débil e ineficiente.
A partir de 2003, con la llegada al poder de Néstor Kichner, la soberanía petrolera volvió a ser considerada “cuestión de Estado” y la creación de la empresa ENARSA en 2004 fue el paso previo a la renacionalización de YPF ocho años después, ya durante el segundo mandato de Cristina.
Como parte de esos lineamientos también se aprobó en 2006 la Ley Corta y las provincias productoras pasaron a administrar la adjudicación de áreas como establecía la reforma constitucional de 1994.
Chubut profundizó esa política federal al sancionar en diciembre de 2012 su propia Ley Provincial de Hidrocarburos. Entre otros aspectos, determina que las empresas concesionarias de yacimientos tienen que readecuar sus contratos a la normativa, como ya ha sucedido con Tecpetrol, YPF y PAE. Implica además regalías extras a las fijadas por la regulación nacional, tanto para el presupuesto provincial como para los propios municipios petroleros, con Comodoro Rivadavia a la cabeza, con el ingreso de fondos destinados a obras de infraestructura en un contexto de “reparación histórica”.
Hoy el interrogante sobre quién debería explotar el recurso es una cuestión zanjada. Tanto Nación como las provincias de la OFEPHI coinciden en la necesidad de mantener un esquema de concesiones que aliente la inversión privada requerida para la producción y el descubrimiento de nuevas reservas, incluyendo capital extranjero por el elevado presupuesto que insume la actividad.
El objetivo es paliar el déficit energético que significa en materia de importación de combustibles un costo anual de entre 12.000 y 13.000 millones de pesos. Esa estrategia contempla además el papel que el Gobierno fija para la YPF renacionalizada, una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria que en alianza con otros capitales –como el acuerdo anunciado ayer con la petrolera malaya Petronas– busca reactivar la producción y explorar nuevas áreas.
La incógnita, sin embargo, es cómo el nuevo borrador dará cabida a las observaciones de Chubut y de otras provincias respecto a las regalías extras. También qué pasará con el papel de empresas provinciales como Petrominera Chubut o GyP Neuquén. O si la potencial adjudicación de concesiones a través de licitaciones de carácter nacional e internacional involucrará sólo a recursos no convencionales.
Aunque Buzzi ha llevado la voz cantante de los planteos de Chubut, también ha encontrado eco en distintas esferas políticas de la provincia, incluyendo a senadores y diputados de las distintas banderías partidarias, quienes adelantaron que cuando la iniciativa se debata en el Congreso sólo respaldarán un proyecto coherente con los intereses provinciales.
En idéntico sentido, el intendente Néstor Di Pierro pidió hace unos días a la comunidad que se mantenga unida para exigir que la reforma petrolera no signifique un retroceso en materia de reparación histórica y que Comodoro Rivadavia vuelva a quedarse sólo con el pasivo ambiental y social. “Tenemos más de 2.800 pozos abandonados que no pueden ser utilizados y un montón de tierras que no se pueden usar por los gasoductos o los oleoductos”, dimensionó.
El complejo desafío que tienen Nación y OFEPHI en busca del consenso es que se necesita unificar las reglas del sector para alentar inversiones, pero sin desconocer que el dominio del recurso pertenece a las provincias. Todos están convencidos de que sólo el diálogo allanará un camino donde hasta ahora abundan piedras.
