Hace unos cuantos años, doce o trece creo yo, un grupo de periodistas locales intentó una vez más sostener una asociación de periodistas de la ciudad. La entidad intentaba diferenciarse de la problemática salarial-sindical y pretendía actuar como organismo colegiado para la discusión permanente y estructuración de las cuestiones éticas de la profesión. Confluían en las reuniones un pequeño grupo de los más antiguos, y la naciente nueva camada de comunicadores con formación universitaria.
DEBATE
El par de años que duró ese ámbito de encuentro entre colegas con más experiencia que teoría con los de formación académica pero poca práctica, se tradujo en interesantes y enriquecedores debates sobre las prácticas profesionales, la cambiante realidad de los medios, el valor de la cátedra y la irremplazable escuela de la calle.
Duró lo que tenía que durar. Y no por eso debe dejar de reconocerse el brillo de esos masivos intercambios de ideas que -en todos los casos y con diferentes puntos de vista- tenían el sano objetivo de la discusión permanente sobre la ética profesional; la buena praxis periodística; la responsabilidad social de los comunicadores sociales frente a su comunidad, y la independencia ideológica del trabajador de prensa frente a la patronal y sus intereses empresarios. La cuestión personal de declamar una supuesta “independencia” ideológica, frente a la honestidad intelectual de develar al lector, desde qué creencias estamos analizando lo que nos sucede como sociedad.
ETICA
Uno de los puntos más altos de aquellas “tormentas de ideas” entre los jóvenes idealistas y los optimistas con experiencia, fue en torno de la responsabilidad ciudadana del periodista ante la develación de una noticia impactante. Particularmente alguna que roce daños al Estado, afecte seriamente la imagen del gobierno o funcionarios prominentes, o implique efectos de zozobra moral grave al conjunto de la opinión pública, de la ciudadanía.
Junto con ello, la pertinencia o no de develar la fuente, o reservarla por las implicancias judiciales y penales que una verdad conflictiva sobrelleve sobre personas o instituciones.
Las posiciones extremas iban desde la absoluta reserva de la fuente -aún cuando fuera un terrorista anticipando su próxima acción o su autoría sobre algún hecho consumado- hasta la actitud de responsabilidad ciudadana de privilegiar por sobre la ansiedad de la primicia, la previa denuncia directa ante los poderes públicos.
Claro, para quienes nos criamos en un periodismo dirigido por periodistas, o en todo caso empresarios de clara y conocida definición ideológica; dueños con más vocación política que avidez económica; en tiempos en que la palabra dicha y la palabra escrita eran un pagaré ineludible, pero antes que nada una cuestión de orgullo personal; sin “feisbuc” ni “tuits” ni redes sociales ni “posteos anónimos” donde se puede mentir, difamar e injuriar libremente la cuestión no tenía muchas vueltas. Creíamos ser antes ciudadanos, que operadores de medios buscando nuestro minuto de fama.
DAÑOS
No pasaron tantos años desde aquel, para nada único, intento de los periodistas locales de poder colegiarse sin corporativizarse. Digna intención: “lindo haberlo vivido, pa poderlo contar!”. Duró lo que tenía que durar, como decíamos. Y ya no importa demasiado si logró sus objetivos colectivos ni permanentes. Es seguro que enriqueció a unos cuantos: sobre todo a aquellos que tienen siempre el ánimo dispuesto a crecer moralmente.
La discusión quedó inconclusa. No pudo ser cerrada. Y no creo que eso esté mal: es tan difícil ser ético individualmente, que una moral única, unívoca, indivisible, de conjunto es una verdadera utopía.
Todas cuestiones muy pueblerinas, podrá decirse: si uno observa en qué ha derivado la manipulación de la opinión pública a nivel nacional, con la libre circulación interesada de infundios de gravedad institucional suprema con total ligereza e irresponsabilidad, descubre claramente cuán rápido pasa el tiempo. Y qué lejos ha quedado el valor de la palabra.
Es tal la impostura imperante, que se puede travestir fácilmente cualquier engaño con apariencia de verdad. Y si lo que el periodista busca es la verdad, debe resignar su ego personal por el impacto mediático y valorando con seriedad las pruebas del crimen que descubra, poner lo que hay que poner primero con una presentación judicial como ciudadano, para recién difundir con número de expediente, el grave daño institucional que cree se está produciendo a la sociedad. Y apretar luego a la Justicia para el seguimiento de la causa.
Lo contrario, acicatear al odio al conjunto de la sociedad con datos manipulados, testimonios malversados, y versiones corporativamente intencionadas de algunas realidades, sólo logra crear una cortina de confusión general que nos aleja totalmente de la verdad y que salva y conviene a los corruptos, que “que los hay, los hay”. Termina lográndose justamente lo contrario a lo pretendido, el castigo para los corruptos.
Y queda la sociedad impregnada de un odio generado “al voleo”; enferma mentalmente a todos; enfrenta vanamente a unos contra otros de modo irreconciliable. Siembre un manto generalizado de dudas, sospechas y desconfianza de todos contra todos.
Y que, por si fuera poco, hace cierta la fatal premonición discepoliana: terminamos arrastrándonos en el mismo lodo, todos manoseaos.
