En junio será la audiencia preliminar por presunta corrupción en el IPV

Luego de que se suspendió una audiencia en la causa que investiga supuestos hechos de corrupción e incumplimiento de deberes de funcionario público en la delegación Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda, se confirmó que la fecha del acto preliminar a la elevación a juicio será el 13 de junio. La fiscal Camila Banfi solicitó que sean sometidos a debate el exfuncionario Abel Reyna y los empleados Darío Acosta, Claudia Leonori, Raquel Antimilla y Vanesa Medina Consoli.

Con el objetivo de asegurar el derecho a defensa y los posibles planteos previos, días atrás se suspendió una audiencia en la causa que investiga supuestos hechos de corrupción e incumplimiento de deberes de funcionario público en el IPV de Comodoro Rivadavia.

La jueza penal Mariel Suárez tomó la decisión luego que en las audiencias de septiembre resolvió rechazar la suspensión de juicio a prueba para tres de los imputados -Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori- medida que fue impugnada por la defensa ante la Cámara Penal que anuló la resolución de la suspensión.

La sala también ordenó que la audiencia se efectúe nuevamente ante otro juez, siendo asignada por la Oficina Judicial Raquel Tassello, quien fijó audiencia para el 13 de junio próximo.

De esa forma, Leonori, Antimilla y Medina Consoli junto al extitular del IPV en Comodoro Rivadavia Abel Reyna y el empleado Darío Acosta serían sometidos a juicio.

Según la acusación fiscal, los imputados junto a Amilda Caro, Fabiana Oñieva y Alejo Recalde, entre diciembre de 2011 y octubre de 2014, montaron una estructura para adjudicar viviendas del IPVyDU de manera ilegal a personas que no reunían los requisitos y allegados.

A la vez obtenían de los adjudicados beneficios patrimoniales, y en ese sentido se nombró la asignación de las 81 viviendas del barro Ciudadela.

Para la Fiscalía los imputados realizaban a discreción una selección irregular de ciudadanos para consumar ilícitos. Reyna formaba parte de la banda en calidad de jefe y omitió cumplir con sus deberes de funcionario público y demás leyes que regulan la adjudicación o preadjudicación de viviendas en el Instituto Provincial de la Vivienda.

Asimismo Acosta colaboró como organizador y coordinó con Reyna tareas con otros integrantes del IPVyDU destinadas a adjudicar viviendas a personas que no reunían los requisitos para ello, sostiene la Fiscalía.

Por estos hechos ahora serían sometidos a un juicio oral y público. Aunque esto se decidirá finalmente el 13 de junio cuando se realice la audiencia preliminar.

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