El Senado sesionaba anoche para tratar el proyecto de ley que prohíbe los despidos por 180 días, que cuenta con el respaldo de la mayor parte de la oposición pese al rechazo del gobierno.
La iniciativa fue impulsada por el PJ-FPV, en atención al reclamo de medidas contra los despidos que todas las centrales gremiales llevaron al Congreso.
El salteño Rodolfo Urtubey es uno de los pocos senadores del PJ-FPV que pide modificar el proyecto a fin de excluir a las pymes, planteo al que se plegó el sanjuanino Roberto Basualdo, del Interbloque Federal.
Sin embargo, la mayoría del PJ-FPV, un sector mayoritario del Interbloque Federal y los senadores del GEN y la Coalición Cívica se inclinan por aprobar la iniciativa sin modificaciones y girarla a la Cámara de Diputados.
Por su parte, el senador oficialista Federico Pinedo señaló que el proyecto implica un "cambio de las reglas de juego" que no genera "condiciones" para crear empleo a partir de las inversiones que el gobierno espera para este año.
"Lo que tenemos que preguntarnos es si el cambio de reglas de juego es bueno para generar los cientos de miles de puestos de trabajo que quiere generar la Argentina. Nosotros creemos que no, que tenemos que generar condiciones de empleabilidad", sostuvo Pinedo durante la sesión.
El presidente provisional del Senado subrayó que el oficialismo confía en que "las reformas económicas de los primeros meses de gobierno van a generar este año 12 mil millones de dólares de inversión" que redundará en la "generación de empleo" en el sector primario e industrial.
"Sin embargo, en lugar de generar las condiciones para que esto se produzca con la mayor velocidad posible, se está haciendo una propuesta acotada que no se preocupa por la situación del trabajo en negro, ni por la situación de las pequeñas empresas", agregó.
El proyecto que se debatía al cierre de esta edición en la Cámara alta difiere del que consiguió dictamen de la comisión de Trabajo la pasada semana en Diputados. Mientras que el primero prevé prohibir despidos por 180 días, el segundo contempla que sea retroactivo al 1 de marzo de 2016 - lo que implicaría reincorporar trabajadores tanto en el sector público como en el privado- y tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017
En el seno del FPV, las discrepancias sobre acompañar o no esta iniciativa -rechazada de plano por el presidente Mauricio Macri, quien avisó que podría vetarla- fueron motivo de reuniones de último momento entre los legisladores del bloque que conduce Miguel Pichetto.
Después del mediodía de ayer mantuvieron un encuentro el presidente de la Comisión de Trabajo, Lovera; el de Presupuesto y Hacienda, Abal Medina; y el salteño Rodolfo Urtubey; todos pertenecientes al Frente para la Victoria. Sin embargo, primó la decisión de avanzar con la ley antidespidos tal como fue dictaminada la semana pasada.
Así lo revelaron a Télam los tres referentes kirchneristas que estuvieron reunidos en el despacho de Lovera durante más de una hora. "Esta Ley no es contra el gobierno. Pero tenemos que ponerle un freno a los despidos", declaró Lovera, para luego aclarar que "el proyecto saldrá tal como fue dictaminado".
Con el impulso de la oposición, que posee quórum propio y una amplia mayoría, sobre todo gracias a los 42 integrantes del bloque del FPV, la Cámara alta trataba la declaración de emergencia ocupacional que recibió dictamen el pasado miércoles gracias a las firmas de todos los legisladores del peronismo, tanto kirchneristas como de las otras vertientes partidarias.
LA INICIATIVA
La iniciativa pretende suspender por 180 días, desde su entrada en vigencia, los despidos y las suspensiones tanto en el sector estatal nacional como en las empresas privadas.
Además, le ofrece al empleado la posibilidad de ser reincorporado inmediatamente o de elegir que se le pague la doble indemnización.
La suspensión de los despidos había sido pedida por las cinco centrales sindicales ante los senadores, durante una reunión que se realizó a principios de abril en el Salón Azul del Palacio Legislativo.
Pese a la reticencia del gobierno, el proyecto del Senado es menos condicionante que el que tiene dictamen en Diputados que no solo dispone la emergencia ocupacional hasta fines de 2017, sino que obliga a la reincorporación de los despedidos desde el 1 de marzo de este año.