La Federación Empresaria de Chubut (FECh) no quedó del todo conforme con los beneficios que otorgó la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) a las pymes de la provincia, luego de que se sancionó la Emergencia Comercial que el organismo nacional pedía como condición para ayudar a apaciguar la difícil situación que viven las pequeñas empresas en un escenario de crisis, ajuste y recesión.
La FECh, lejos de quedarse callada, decidió blanquear esos “puntos grises”, que advirtió el sector contable de la Federación, y hoy planteará su disconformidad en una reunión que mantendrá con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El encuentro será en Buenos Aires y contará con la participación del Consejo Directivo de la entidad empresaria nacional.
Según se confirmó, la principal molestia de la FECh se dio porque la resolución de la AFIP “no dice claramente que se levantan las medidas cautelares (embargos) vigentes”, tampoco “suspende los intereses”, y además “hay cierta laxitud en la norma y no es clara en una gran cantidad de aspectos”.
Desde la FECh, explicaron que “a partir de esta situación se presentará una nota con la resolución” y se contactará a “las autoridades del área jurídica de la AFIP para ver lo que interpretan respecto a los embargos”.
Se debe recordar que la entidad provincial había solicitado al organismo nacional, a través de CAME, beneficios que le permitan sortear a las empresas este difícil escenario económico que vive la provincia.
La AFIP en principio se negó a otorgar medidas de excepción y marcó como condicionamiento la aprobación de la Emergencia Comercial, que finalmente el Gobierno de Mariano Arcioni sancionó mediante un decreto.
Ante ese nuevo escenario, la administración federal aprobó una serie de beneficios ante las gestiones del senador nacional Alfredo Luenzo y funcionarios del Ministerio de Economía del Chubut, que se reunieron con Leandro Cuccioli, titular del organismo.
En ese marco, desde provincia se informó que la AFIP a partir de septiembre otorgará nuevos plazos de financiación para que las Pymes puedan hacer frente a sus deudas ya judicializadas. Además se agilizará el levantamiento de embargos, que será de forma directa sin intervención de los letrados de la AFIP, y se cancelarán los juicios a los contribuyentes hasta el 31 de diciembre del 2018. Sin embargo, los planes de pago mantendrán tazas de entre el 27,5% y 36%.