La jueza se tomará hasta el 25 de febrero para definir si homologa el juicio abreviado a Reyna

La jueza Daniela Arcuri se tomará hasta el lunes 25 de febrero, a las 9, para evaluar toda la prueba y dictar así su fallo por escrito. De esa manera determinará si homologa el acuerdo presentado por la fiscal Camila Banfi, la querellante María Laura Martensen y el abogado particular Guillermo Iglesias como representante de Abel Reyna, para condenar al exdelegado del Instituto Provincial de la Vivienda a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos electivos. Reyna aceptó reconocer su responsabilidad en ese juicio abreviado, ya que significa recibir una pena menor a la que podría caberle si es sometido a un juicio tradicional. Arcuri debe definir ahora si aprueba el acuerdo entre las partes o si eleva la causa a un juicio ordinario.

En la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia se presentó ayer la propuesta de juicio abreviado para el exdelegado del Instituto Provincial de la Vivienda en esta ciudad, Abel Reyna, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, cohecho y tráfico de influencias.

El acto fue presidido por la jueza penal Daniela Arcuri, mientras que por el Ministerio Público Fiscal –como parte acusadora- se hizo presente Camila Banfi, y por la querella asistió María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV como damnificado en la causa. Mientras que por la defensa de Reyna, actuó el abogado particular Guillermo Iglesias.

Reyna además de reconocer su participación en los delitos que se le imputan, también aceptó la pena propuesta por la fiscal general, de tres años de prisión de cumplimiento condicional y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos políticos. Ya la semana pasada cuatro exempleados del IPV accedieron a la “probation” o suspensión de juicio a prueba por la misma causa.

“Sí doctora”

A cada acusación que leía la jueza Arcuri, preguntándole si reconocía su responsabilidad en los delitos, Reyna se limitaba ayer a decir “Sí doctora”.

“En el primer hecho a usted Reyna se le atribuye que como delegado del IPV, llevó adelante maniobras para que se adjudiquen viviendas sin el cumplimiento de los requisitos de la ley”, le leyó la juez Arcuri. Añadió que ocurrió entre el 30 de diciembre del 2011 y el 5 de septiembre del 2014, cuando este renunció a su función de delegado.

Para la Fiscalía, Reyna junto a varios empleados a su cargo, se encargaba de consignar falsamente datos personales de los postulantes a viviendas sociales y de esa manera irregular emitía los actos de adjudicación de casas en el barrio 81 Viviendas de Ciudadela a personas que no reunían los requisitos.

El Ministerio Público Fiscal caratuló el primer delito como incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor.

“El 15 de agosto de 2014 junto a (Darío) Acosta (uno de los empleados beneficiados con la “probation”), le pidieron a C.G. que estaba inscripto en el listado 80 mil pesos para acelerar el trámite de su vivienda”, prosiguió la jueza respecto a la imputación a Reyna.

Añadió que C.G. pidió un préstamo y dinero a su jefe. Así, finalmente con la participación de otros dos empleados del IPV, se le adjudicó la vivienda. Ese delito fue caratulado como “exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica”.

FAVORES SEXUALES

El más repudiable de todos los delitos que reconoció Reyna ayer frente a la jueza fue en el que la Fiscalía lo acusó de cohecho pasivo en calidad de autor. La acusación de la Fiscalía señala que durante los primeros meses de 2014, Reyna le requirió a M.N. favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y para su hijo con discapacidad. Y dada la urgencia de ella, se señala que M.N. aceptó reunirse con Reyna en el Hotel “Betty Jay”, donde se pactó la entrega de la casa en enero de 2014, en el barrio 50 viviendas de Standard Norte.

-“¿Usted reconoce este hecho y admite este hecho?” le preguntó Arcuri.–“Sí doctora”, respondió Reyna. Ese caso fue calificado como cohecho pasivo en calidad de autor, bajo los artículos 256 y 45 del Código Penal.

El cuarto delito que le imputaron fue que Reyna en su rol de delegado entregó sin los requisitos de la ley viviendas a sus propios colaboradores, a cambio de realizar tareas ilegales en su favor en carpetas del IPV.

“El 11 de julio de 2012 le entregó a Acosta una casa en el barrio Presidente Ortiz que no cumplía con los requisitos de edad y de puntaje. También se le atribuye a usted que le entregó a (Raquel) Antimilla (otra exempleada del IPV), una vivienda en el barrio Presidente Ortiz sin cumplir con el requisito de informe social para actualizar los datos previos a la entrega” le informó Arcuri que antes le preguntó a Reyna si aceptaba abandonar la posibilidad de ir a juicio oral y público por el juicio abreviado.

También se le atribuyó que F.O, exconyugue de Claudia Leonori, otra exempleada del IPV que accedió a la “probation”, obtuvo de manera irregular una vivienda del barrio Ciudadela en la parcela 19, cedida por Leonori como parte del divorcio, en el tiempo que Leonori prestó servicios en el IPV y que insertó datos falsos en el legajo.

La inscripción no estaba sellada y se hizo sin los requisitos de la Ley. Incluso Leonori firmó una renuncia a la inscripción cediéndole el número de legajo a su cónyuge, sin la anuencia de ningún funcionario. Por lo que se le atribuye los delitos de cohecho, cuatro hechos en calidad de autor, leyó la magistrada.

El último delito que se le leyó a Reyna es que en su rol de delegado del IPV procedió a confeccionar la lista de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el puntaje y las normas de la ley.

“De acuerdo, a lo establecido por la ley, los seleccionados no cumplían con los requisitos ni las pautas FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda) que establecen las pautas generales, con conocimiento de que estos listados estaban impugnados y en incumplimiento de esta manda legal, no le dio trámite a los reclamos procediendo a la adjudicación de los inmuebles por él seleccionados utilizando su influencia en la localidad de Rawson para obtener las resoluciones del Poder Ejecutivo que le permitieron efectivizar dicha entrega”, leyó Arcuri. Ese delito fue caratulado como “incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias”. En ese caso el imputado también aceptó su responsabilidad penal.

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